La Municipalidad de Santa Fe remitió al Concejo el Mensaje N° 15 para regularizar infracciones de tránsito pendientes de sentencia al 31 de julio de 2026. El proyecto excluye alcoholemias positivas y picadas, y prevé una reducción del 50% en el pago de las multas.
La Municipalidad de Santa Fe remitió al Concejo capitalino el Mensaje N° 15, en el que solicitó la aprobación de un procedimiento excepcional para regularizar las infracciones de tránsito cometidas hasta el 31 de julio de 2026 que se encuentren pendientes de sentencia por la Justicia Administrativa de Faltas.
El proyecto de ordenanza, al que accedió El Litoral, establece un régimen de regularización para infracciones de tránsito en general, como estacionar en lugares prohibidos, en doble fila, circular sin casco protector o exceder las velocidades permitidas. También incluye las infracciones por mal estacionamiento o falta de abono del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), tipificadas en el artículo 119 de la Ordenanza N° 7.882. Por estacionar en dársenas del SEOM sin registrar, la sanción actual equivale a 11 Unidades Fijas (UF), aproximadamente 23.000 pesos.
Quienes se acojan al régimen deberán reconocer expresamente las infracciones constatadas por el municipio y aceptar las condiciones establecidas «a cambio de los beneficios previstos respecto de las penas de multas correspondientes», según el articulado del mensaje, que podría ser tratado la semana próxima.
El régimen tendría una vigencia de 60 días desde su aprobación y publicación en el Boletín Electrónico Municipal. Los contribuyentes abonarán el 50% del mínimo de UF correspondiente a las infracciones, a través de la aplicación App Santa Fe, el sitio web del gobierno local o en las oficinas de la Justicia de Faltas. El Concejo, de aprobar el mensaje, podrá autorizar al Ejecutivo a prorrogar por hasta 30 días el vencimiento del régimen, con lo que el plazo total podría alcanzar los 90 días.
El proyecto, firmado por el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Hacienda municipal, José Serruya, establece tres casos excluidos del régimen: las infracciones por conducción de vehículos en estado de manifiesta alteración psíquica, ebriedad o bajo efectos de tóxicos o estupefacientes, así como la negativa a realizar las pruebas de alcoholemia o narcolemia; las disputas de carreras en la vía pública, conocidas como «picadas» (artículo 169 de la Ordenanza N° 7.882); y las contravenciones sobre las cuales ya hubiera recaído sentencia o se encuentren en proceso de ejecución.
En los fundamentos del mensaje, el municipio afirma que el objetivo es «facilitar a los vecinos y vecinas el cumplimiento de las obligaciones derivadas de multas pendientes». Se prevé la posibilidad de acceder a planes de financiación mediante los medios de pago habilitados por el municipio y aquellos asociados a tarjetas de crédito, para «procurar que las condiciones económicas del régimen permitan a los contribuyentes regularizar sus obligaciones de acuerdo con sus posibilidades de pago».
El texto sostiene que el régimen «procura establecer un equilibrio entre facilitar la regularización de las infracciones de tránsito y sostener una política de seguridad vial que no relativice aquellas conductas que presentan un especial nivel de peligrosidad». La exclusión de las infracciones por alcoholemia y por participar en carreras o «picadas» constituye, según el mensaje, «una decisión deliberada destinada a preservar el carácter disuasorio de las sanciones frente a comportamientos que comprometen especialmente la seguridad de quienes circulan por la vía pública».