La Comisión de Asuntos Constitucionales y Seguridad retomó el tratamiento de un paquete de reformas penales y penitenciarias. El oficialismo prevé que los bloques hagan devoluciones por escrito y busca votar en Diputados el 29 de este mes.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe retomó formalmente el tratamiento de una segunda tanda de reformas del oficialismo denominada «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública». La iniciativa modifica una docena de puntos de tres leyes: la procesal penal, la de ejecución penal y la de Inteligencia.
El proyecto es impulsado por el oficialismo a través del presidente de la comisión de Seguridad, Martín Rosua, y de José Corral. La estrategia prevista es que en los próximos días el resto de los bloques parlamentarios realicen una devolución por escrito del proyecto para avanzar con observaciones. La idea inicial es votar en la cámara baja en la sesión del 29 de este mes.
Para la semana próxima están previstas reuniones de los diputados con el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público de la Acusación. También podrían sumarse el Colegio de Abogados y otros institutos especializados en la materia.
La convocatoria al Ministerio Público de la Defensa se debe a la presentación de un proyecto que busca otorgar funciones a la Defensora General de la provincia para crear unidades especializadas en la defensa, entre ellas, de miembros de fuerzas de seguridad.
A ese texto y al central se suma un tercer proyecto titulado «Sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos electrónicos», enfocado en el robo de celulares y su trazabilidad. Además, se preparó un cuarto proyecto de ley, que no ingresó formalmente, denominado «Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género».
«Son leyes complejas que ameritan no solo el acuerdo político sino la viabilidad de su aplicación», expresaron en Unidos respecto al tratamiento.
En mayo se presentó un paquete con una docena de puntos que generó cuestionamientos sobre posibles vulneraciones de garantías y derechos. Desde entonces se buscó modificar el texto. En Unidos, el socialismo es el sector que más reparos pone y aún se negocian los puntos más cuestionados.
El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni impulsan la reforma. Con el Mundial de Fútbol de junio la discusión quedó postergada y luego la Legislatura se abocó a la reforma electoral. Después siguieron los Juegos Suramericanos.
«Dimos el primer paso para empezar a trabajar las 11 medidas de seguridad que impulsa el Gobierno provincial para seguir fortaleciendo las herramientas con las que combatimos el delito. La seguridad sigue siendo una prioridad y desde la Legislatura tenemos que dar las respuestas que hacen falta», escribió Rosua en sus redes sociales.
En principio se quitaría la validación probatoria, que buscaba establecer reglas para validar pruebas que normalmente quedarían excluidas bajo la teoría del fruto del árbol envenenado. También se eliminarían las medidas coercitivas por decreto fiscal, que permitían a la fiscalía imponer medidas no privativas de la libertad mediante un decreto fundado. Asimismo, se daría de baja la zona de intervención policial especial, que había sido calificada por las críticas como «miniestado de sitio».