La Justicia de Rafaela condenó a seis exempleados del Grupo Spaggiari SRL a tres años de prisión de cumplimiento condicional por integrar una asociación ilícita que cometió estafas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022. El juicio abreviado fue resuelto por el juez Gustavo Bumaguin. En octubre comenzará el juicio oral y público contra cuatro personas acusadas de liderar la organización, entre ellas los propietarios de la firma.
Seis personas de entre 42 y 59 años identificadas como Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman fueron condenadas por integrar una asociación ilícita que cometía estafas en Rafaela. Todos eran empleados de una inmobiliaria gestionada por el Grupo Spaggiari SRL y recibieron penas de tres años de prisión de cumplimiento condicional.
La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se desarrolló en los tribunales rafaelinos. El fiscal Guillermo Loyola realizó la investigación.
Las maniobras
El fiscal Loyola planteó que “los condenados eran miembros de una asociación ilícita que cometió numerosas estafas y cuyos jefes eran los propietarios de la empresa para la que ellos trabajaban”. En tal sentido, agregó que “las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022”.
“Los condenados ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero en efectivo –en moneda nacional o en dólares estadounidenses–, en favor del grupo inmobiliario, el cual supuestamente iba a ser destinado a inversiones inmobiliarias y actividades productivas como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionadas con la construcción”, detalló el funcionario del MPA.
El fiscal también precisó que “le decían a las víctimas que el dinero que aportaban les generaría ganancias genuinas, y que en plazos relativamente cortos se les reintegraría el capital más los rendimientos, los cuales iban a ser muy superiores a los que ofrecían las colocaciones bancarias”. Loyola añadió que “en un determinado momento, los clientes dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital que se habían convenido”.
“Para captar víctimas, la asociación ilícita recurrió a publicidad por distintos medios y al ‘boca a boca’”, señaló Loyola y subrayó que “los condenados se aprovecharon de la fachada y del reconocimiento público que tenía el grupo inmobiliario en Rafaela”.
En cuanto a los pagos realizados por las víctimas, el fiscal señaló que “los clientes entregaban el dinero de forma personal y en efectivo en las oficinas del grupo inmobiliario, o lo enviaban en efectivo a lugares en los que estaban los integrantes de la asociación ilícita”.
Abreviado
Bravo, Ciancia, Clemenz, Franzetti, Garetto y Ulman fueron condenados como coautores de asociación ilícita en carácter de miembros y como partícipes necesarios de estafas.
Cada uno de los condenados reconoció su responsabilidad penal, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.
A su vez, las víctimas fueron informadas y, en su mayoría, expresaron su conformidad con lo resuelto, lo que también manifestaron quienes se constituyeron como querellantes.
Juicio oral y público
La Oficina de Gestión Judicial de Rafaela agendó para el jueves 8 de octubre el inicio del juicio oral y público a cuatro personas: los dos propietarios del Grupo Spaggiari SRL, la madre de ellos y una empleada.
Para cada uno de los hermanos, cuyas iniciales son FLS y MGS, el fiscal Loyola solicitó penas de 25 años de prisión efectiva por la coautoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefes y estafas reiteradas (560 hechos).
Por su parte, para la madre –cuyas iniciales son MOC– de los hombres investigados como jefes, la Fiscalía solicitó una pena de nueve años de cumplimiento efectivo por la coautoría del delito de asociación ilícita en carácter de miembro y partícipe necesaria de estafas reiteradas (132 hechos).
En tanto, para la empleada acusada, cuyas iniciales son CRS, la pena solicitada es de cinco años de prisión efectiva por la coautoría del delito de asociación ilícita en carácter de miembro y partícipe necesaria de estafas reiteradas (81 hechos).
De acuerdo con lo previsto por la OGJ, el juicio se desarrollará durante octubre, noviembre y diciembre y contará con la declaración de más de 600 personas, entre víctimas y testigos. Los alegatos de clausura están programados para el lunes 21 de diciembre, mientras que la sentencia se daría a conocer el lunes 28 de diciembre. El tribunal pluripersonal que conducirá el debate estará integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta.
Fiscalía Regional 5 – Ministerio Público de la Acusación