La defensa de Cristina Kirchner presentó una adenda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que solicita la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El planteo incluye nuevos elementos sobre la causa Vialidad y cuestionamientos a medidas judiciales y publicaciones.
La defensa de Cristina Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una nueva adenda sobre su caso y pidió que se suspenda la inhabilitación política perpetua que pesa sobre la expresidenta. El planteo reúne nuevos hechos y elementos que, según sus abogados, deben ser considerados por el organismo internacional.
Uno de los puntos denunciados son distintas situaciones que la defensa considera actos de intimidación contra Cristina Kirchner. Entre ellas menciona declaraciones de jueces que participaron de la causa Vialidad, medidas sobre sus bienes y publicaciones de Javier Milei contra la expresidenta.
La presentación también cuestiona el avance sobre el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Para sus abogados, esas situaciones afectan el derecho a presentar un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos.
Cristina Kirchner y los nuevos datos sobre la causa Vialidad
La defensa incorporó además un elemento que considera importante para revisar la condena por la causa Vialidad. Se trata de documentación oficial sobre el destino de fondos de la Fuente 14, vinculados al fideicomiso vial SISVIAL.
Durante el juicio, los abogados habían pedido información sobre el destino de esos recursos, pero esas pruebas fueron rechazadas. En agosto de 2026, durante la causa Cuadernos, un funcionario auditor aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con esos fondos.
A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable. Según sus resultados, de las 51 obras incluidas en la causa Vialidad, 17 recibieron fondos de la Fuente 14. Además, de 3.855 certificados pagados con esos recursos, solamente 36 correspondieron a esas obras.
El informe también sostiene que, sobre unos 2.200 millones de dólares desembolsados, el Grupo Austral recibió 18,66 millones, equivalentes al 0,85 por ciento. La defensa considera que estos datos contradicen una de las premisas utilizadas para condenar a la expresidenta.
El pedido ante la ONU y la candidatura de 2027
La adenda también cuestiona la difusión de un video de 2018, correspondiente al allanamiento del departamento de Cristina Kirchner en Recoleta. La defensa sostiene que la publicación de imágenes de espacios privados y efectos personales violó su derecho a la vida privada.
Con estos argumentos, los abogados volvieron a pedir que la ONU suspenda la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta que exista una decisión sobre el fondo del reclamo. También plantearon, de manera alternativa, la suspensión de la condena de seis años de prisión.
El reclamo internacional tiene además una consecuencia política. Máximo Kirchner afirmó que su madre mantiene la voluntad de ser candidata en las elecciones presidenciales de 2027 si recupera sus derechos políticos.
Por ahora, la inhabilitación continúa vigente. El próximo paso será el tratamiento del planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Una eventual decisión sobre la medida solicitada podría ser determinante para saber si Cristina Kirchner queda habilitada para competir electoralmente en 2027.