El oficialismo logró aprobar normas clave como la de municipios y el Código Electoral, mientras siguen sin tratamiento la ley de coparticipación, la conformación del Consejo de la Magistratura y la ley de educación.
Al cumplirse un año de la reforma constitucional en Santa Fe, la Legislatura aprobó un conjunto de leyes consideradas urgentes, entre ellas la de municipios y el Código Electoral, mientras que otras iniciativas de relevancia permanecen pendientes de debate.
Durante este primer año, el frente oficialista Unidos logró acuerdos con la oposición para sancionar las normas más importantes, en general por unanimidad. No obstante, quedaron fuera de tratamiento discusiones centrales como la ley de coparticipación, la conformación del Consejo de la Magistratura y la ley de educación.
La nueva Constitución habilitó aspectos como las acciones positivas y los mecanismos de participación ciudadana, derechos que aún carecen de un procedimiento normado para su aplicación.
Según declararon representantes del oficialismo, la norma más importante de este proceso fue la de municipios, aprobada y vigente desde abril. La ley establece categorías de gobiernos locales según su número de habitantes, la cantidad de concejales en localidades de más de 10 mil vecinos y la composición de las comisiones comunales. También organiza las próximas elecciones, los alcances y atribuciones de los gobiernos, los organismos de control, las transiciones y la posibilidad de crear regiones.
Esa ley se aplicará a los municipios que no dicten su carta orgánica. Quienes decidan redactarla tienen un plazo de dos años para elaborarla y aprobarla. Rosario y Santa Fe ya iniciaron los debates sobre la autonomía; en ambos casos, los intendentes anunciaron que en las próximas elecciones se votarán convencionales.
La segunda gran ley aprobada es el Código Electoral, sancionado el 27 de agosto, que define las reglas para la próxima contienda electoral. Con casi 300 artículos, ordena las normas vigentes, reafirma varias y modifica unas pocas. Se mantienen las Paso con un piso del 1%, que se eleva al 4% para las generales. En Diputados ya no habrá mayoría automática: los 50 escaños se distribuirán proporcionalmente entre las fuerzas que superen el piso. Continúa la boleta única: en las Paso habrá cinco papeletas (una por categoría) y en las generales tres (gobernador y diputados, senadores y gobiernos locales), con opción de votar lista completa o candidatos en particular.
Una de las novedades introducidas en las discusiones de Unidos es la posibilidad de que un precandidato a gobernador lleve hasta tres aspirantes a la Vicegobernación, aunque los votos no se acumularán. A partir de 2029, el Tribunal Electoral asumirá el fuero Contencioso Administrativo. También hay cambios en los debates y en la veda. Bajo esta ley se incorporó la Ficha Limpia, requisito que la Constitución establece de forma obligatoria para presentar cualquier candidatura.
Asimismo, Santa Fe aprobó la ley del proceso Contencioso Administrativo y la creación del Colegio de Jueces para ese fuero, aunque resta que Diputados apruebe el procedimiento, que cuenta con sanción de ambas Cámaras pero con modificaciones. A mediados de julio, el Ejecutivo dictó el decreto para modificar la estructura del personal del Poder Judicial e implementar el Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo, fuero que hasta ahora solo contaba con dos cámaras: una en Santa Fe y otra en Rosario.
La nueva Constitución establece además la creación de un Consejo Asesor de la Magistratura, encargado de seleccionar a los jueces que luego propondrá el gobernador con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Ese organismo deberá integrarse con un juez, un fiscal o un defensor (según el cargo concursado), un representante del Colegio de Profesionales de la Abogacía, un referente académico, un diputado y un senador. En la actualidad, el Consejo funciona bajo el sistema anterior. Existen discrepancias sobre su futura integración, especialmente en lo relativo al representante académico.
La reforma otorgó autonomía a los Ministerios Públicos de la acusación y de la Defensa, que avanzan progresivamente en su jerarquización: sus autoridades ya prestan juramento de forma autónoma (sin la intervención de la Corte) y gestionan sus propios recursos.
En cuanto al Poder Judicial, una de las discusiones clave giró en torno a la edad de retiro de los miembros de la Corte Suprema. De concretarse en noviembre las salidas de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, la conformación del alto tribunal se adecuaría a la nueva Constitución.
El gobernador Pullaro sostuvo un año atrás, al jurar la nueva Carta Magna: «Nuestra Constitución irá tomando cuerpo con el tiempo y la gente irá incorporando los cambios y los nuevos derechos».
Diversos autores, como el convencional cordobés Antonio María Hernández, aluden al concepto de una «débil cultura constitucional», vinculada al escaso compromiso de la sociedad argentina con la Carta Magna y sus leyes, a una elevada percepción de desigualdad ante la ley y a una democracia de baja calidad, agravada por la falta de confianza en las instituciones.