El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió más tiempo para presentar su descargo en la causa por enriquecimiento ilícito. El tribunal evalúa la solicitud mientras la fiscalía exige explicaciones sobre discrepancias patrimoniales detectadas en un peritaje.
El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó a la Justicia una prórroga para responder sobre los desfasajes detectados en su patrimonio y manifestarse ante las objeciones presentadas. El tribunal a cargo evalúa si concede el plazo extendido solicitado por su representación legal.
La causa contra Manuel Adorni por incongruencias en su patrimonio
El expediente penal apunta a las discrepancias entre los sueldos informados por Adorni y una serie de consumos, adquisiciones y activos detectados por los peritos. El peritaje financiero impulsado por el fiscal Pollicita concluyó que existían descalces suficientes como para intimar formalmente al imputado a fundamentar sus números.
Las autoridades judiciales demandan precisiones sobre la procedencia de divisas en efectivo, créditos otorgados por parientes, la adquisición de un rodado y un lote en el complejo privado Indio Cuá. También se exige justificar el costo del proyecto de edificación ejecutado en ese predio.
El eje clave radica en la remodelación de la finca en Indio Cuá, cuyo constructor, Matías Tabar, aseguró haber cobrado USD 245.000 por los servicios. La fiscalía insta a Adorni a probar la procedencia legítima de esa suma mediante comprobantes de las transferencias efectuadas al constructor.
Los datos hallados en el teléfono del contratista Matías Tabar
El teléfono de Tabar constituye un elemento central del proceso. El contratista entregó su terminal a las autoridades para un volcado forense, del cual se extrajeron conversaciones, registros de llamadas y recibos del trabajo realizado para el exfuncionario. Dichos archivos están bajo escrutinio judicial y la defensa reclama acceso completo a esas pruebas.
El pedido judicial indaga también la compra de un inmueble en la calle Miró al 550, el dinero usado en la operación y los recibos de amoblamiento. Asimismo, busca esclarecer ingresos exentos de Ganancias, egresos en efectivo por traslados o colegiaturas y la intervención de interpósitas personas para abonar gastos.
El seguimiento judicial alcanza la tenencia de activos digitales. La fiscalía exige especificar el historial de transacciones con criptodivisas y el fondeo inicial utilizado. En su balance de 2025, el exdirigente reportó ganancias por liquidación de tokens y un capital total por encima de los $944 millones.
La estrategia de los letrados defensores requiere examinar la evidencia documental remitida por la fiscalía a partir del peritaje al celular de Matías Tabar, el desarrollador de la obra investigada. Fuentes allegadas a la causa confirmaron que la defensa considera indispensable analizar esa información para contestar el pliego fiscal.