El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomó el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, con foco en las contraprestaciones exigidas a cambio de beneficios por 30 años.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomó este miércoles el tratamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), iniciativa que apunta a proyectos de al menos US$1.000 millones en actividades nuevas o poco desarrolladas en el país. La jornada se centró en los recursos que el Estado podría ceder a cambio de los beneficios extraordinarios durante las tres décadas de concesiones previstas en la ley.
Durante la reunión, los invitados pusieron el foco en los recursos que podrían demandar las inversiones, especialmente los centros de datos vinculados con inteligencia artificial. Guido Sack, director de Economía de Fundar, señaló que «el estudio de impacto es una foto que se saca en la puerta de entrada del régimen, que dura 30 años, es decir no hay nadie que mire después». Agregó que el consumo de agua y energía de un centro de datos «no ocurre el día uno» y reclamó controles periódicos durante toda la vida del proyecto. También cuestionó que el incumplimiento de compromisos ambientales o del cupo de proveedores locales no implique la pérdida automática de los beneficios, y observó que la inversión en investigación y desarrollo que computa doble no está obligada a realizarse en territorio argentino.
Micaela Sánchez Malcolm, exsecretaria de Innovación Pública, sostuvo que los data centers requieren tierra, electricidad y agua, mientras que su demanda de empleo permanente es acotada. Planteó que «la discusión no es una dicotomía entre sí o no», sino cómo planificar la disponibilidad de recursos y qué capacidades locales pueden quedar asociadas a esas inversiones.
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, pidió modificaciones sustanciales antes de un dictamen. Afirmó que «treinta años de estabilidad sin condiciones, ningún país ofrece un plazo comparable en sectores de cambio tecnológico acelerado». Objetó el artículo 55, al señalar que impide al Estado exigir la compra de insumos nacionales, y señaló que el núcleo pasa por cuánto valor queda en el país y qué participación tendrán las pymes, las universidades y el sistema científico.
Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet, apuntó al régimen de protección a los inversores y al arbitraje internacional. A su criterio, el Súper RIGI amplía derechos y garantías por más tiempo y a un universo de inversores más extenso que el contemplado por los tratados bilaterales tradicionales. Florencia Gómez, del CEPPAS, vinculó las objeciones ambientales con el Acuerdo de Escazú y reclamó mayor información y participación pública antes de autorizar proyectos cuyos impactos acumulativos todavía no pueden dimensionarse.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, se concentró en las cláusulas que garantizan la operación continua de los proyectos y en las controversias que eventualmente puedan resolverse fuera del país. Ejemplificó: «Imaginen un pueblo de la Patagonia en el año 2050 que tiene un problema de agua y hay un data center cerca». Sostuvo que el esquema puede reducir el margen de respuesta de provincias y municipios frente a futuras crisis hídricas o energéticas.
Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, explicó que los recursos naturales continúan bajo jurisdicción local y que cualquier emprendimiento debe atravesar las evaluaciones correspondientes. «El emprendimiento propone su actividad, evalúa los impactos y propone una gestión ambiental, y la autoridad es la que evalúa y aprueba o no», señaló. Remarcó que San Juan posee autoridad exclusiva sobre el agua y que las actividades que ingresen al Súper RIGI seguirán sometidas a regulación y fiscalización provincial.
Los senadores que respaldan el proyecto rechazaron que la discusión quede limitada a los data centers. Bruno Olivera, de San Juan, puso como ejemplo la posibilidad de atraer una refinería de cobre y defendió los 30 años de estabilidad: «Venimos de 100 años de inestabilidad». Nadia Márquez, presidenta de Legislación General, sostuvo que el régimen busca corregir la falta de previsibilidad tributaria y jurídica. «La Argentina se ha vuelto un país poco confiable en esos términos», afirmó, y defendió reglas de largo plazo para inversiones que requieren grandes montos y tiempos prolongados.
Agustín Monteverde, presidente de Presupuesto y Hacienda, dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, cuando continuará el tratamiento del proyecto.