Legisladores de distintos bloques presentaron más de 30 iniciativas para regular el crédito al consumo, reestructurar deudas y limitar intereses, ante el aumento de la morosidad en los hogares argentinos.
Más de 30 proyectos, propiciados por distintos bloques políticos, fueron presentados en las cámaras del Congreso para abordar la problemática de los altos niveles de endeudamiento que se registran en una buena parte de los hogares argentinos y el incremento en los índices de morosidad.
Las iniciativas apuntan a que, por efecto del deterioro de los ingresos y el incremento en el costo de vida, el universo de los créditos al consumo asumió un cariz diferente. Según los impulsores, las tarjetas de crédito y los microcréditos otorgados por proveedores no financieros o billeteras digitales dejaron de ser un instrumento de consumo extraordinario para convertirse en un paliativo recurrente destinado a cubrir gastos de primera necesidad: compras de alimentos, pago de medicamentos y facturas de servicios públicos.
Los informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan un incremento paulatino pero persistente en el incumplimiento de pago de las deudas familiares. La mora en préstamos al consumo alcanzó niveles que encendieron alertas tanto en el sector público como en el sistema bancario privado.
Relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas, como el reciente informe de la Fundación Pensar, advierten que “el peso de la deuda sobre los presupuestos de los hogares alcanzó niveles máximos en dos décadas”. Según un informe de Management & Fit, más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar alguna dificultad en materia de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. En ese escenario, un 71,9% de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Más de la mitad de esos préstamos no tiene como objeto satisfacer algún consumo o emprendimiento, sino que está destinado al gasto corriente.
La combinación de elevadas tasas de interés, refinanciaciones sucesivas y la proliferación de costos administrativos no transparentes provocó una espiralización de pasivos en familias cuyos ingresos brutos no logran equiparar el costo de la Canasta Básica Total.
Proyectos presentados
Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso (ya ex legislador) y Mónica Macha, hoy senadora bonaerense. También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro, Guillermo Michel, Pablo Juliano (Provincias Unidas) y la senadora Juliana Di Tullio, entre otros.
Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones. En las iniciativas, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.
“El Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”, afirmó el diputado entrerriano Guillermo Michel, autor de un proyecto para generar una estrategia de créditos blandos desde Anses.
Por su parte, Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para crear el “régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito”. Argumentó que “la morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente”.
Puntos en común
Aunque las propuestas provienen de espacios políticos con visiones económicas heterogéneas (Unión por la Patria, la Izquierda, bloques federales como Provincias Unidas e Innovación Federal, y sectores del radicalismo), existen pilares conceptuales donde convergen la mayoría de las iniciativas:
- Prohibición del anatocismo e intereses punitorios desmedidos: la eliminación o limitación estricta de la capitalización de intereses y recargos desproporcionados que multiplican el saldo adeudado original.
- Mecanismos de reestructuración y mediación: creación de instancias administrativas o judiciales de mediación obligatoria entre el deudor de buena fe y las entidades financieras.
- Inembargabilidad de fondos mínimos de subsistencia: garantía de inembargabilidad para las cuentas sueldo y billeteras de pago asociadas a ingresos familiares de subsistencia.
- Cese de conductas abusivas de cobro: prohibición explícita a las agencias de cobranza de incurrir en hostigamiento, intimidación o contacto con terceros ajenos a la relación crediticia.
- Evaluación de solvencia previa (crédito responsable): obligación legal para los prestadores de verificar la capacidad real de pago del usuario antes de otorgar financiamiento automático, evitando la sobreoferta de crédito a sectores vulnerables.
A pesar de las coincidencias en la necesidad de intervención, las propuestas se diferencian sustancialmente en el grado de asistencia estatal, los mecanismos de quita y el ámbito de aplicación. Van desde propuestas de condonación para los hogares con menores ingresos y tasas subsidiadas, hasta educación financiera en el nivel secundario y patrocinio legal gratuito.
Resistencias
Mientras las comisiones de Defensa del Consumidor de la Cámara baja analizan la unificación de proyectos, el tratamiento parlamentario enfrenta resistencias políticas y operativas. Desde el Poder Ejecutivo y los sectores alineados con La Libertad Avanza se argumenta que la fijación de topes a las tasas o la alteración retroactiva de contratos crediticios incrementará la tasa de riesgo, restringirá aún más la oferta bancaria e impulsará a las familias vulnerables hacia el mercado informal de préstamos.
Las cámaras del sistema financiero privado señalan que una regulación compulsiva puede minar la sostenibilidad del crédito privado y generar incertidumbre jurídica. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”. Afirmó que “al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”.
Desde la oposición replican que la mora masiva trasciende el ámbito de las relaciones contractuales privadas y configura una problemática económica sistémica que paraliza la demanda agregada y afecta el consumo básico. La discusión, que aún no logra dictamen de comisión en el recinto, promete mantenerse en el centro de la agenda legislativa durante el período ordinario.