El Gobierno nacional publicó este martes la reglamentación del DNU 366/2025 que establece el cobro de una tarifa a extranjeros no residentes en hospitales públicos nacionales, con excepción de emergencias. En Santa Fe, la diputada Silvia Malfesi presentó un proyecto para aplicar la misma medida en los efectores provinciales.
El Gobierno nacional reglamentó este martes el cobro de una tarifa a las personas extranjeras no residentes que asisten a hospitales públicos administrados por la Nación. La decisión figura en un anexo al texto del DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones. Quedan exceptuadas las atenciones urgentes.
La Resolución 1066/2026 lleva la firma del ministro de Salud, Mario Lugones, y fue publicada en el Boletín Oficial este martes. Comenzará a regir el miércoles.
Entre otras disposiciones, la medida estipuló que, al momento de acreditar la residencia permanente, uno de los requisitos es la presentación del DNI que dé constancia de esa condición. En el caso de extravío o renovación en trámite del documento, se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través del sistema Radex.
La norma aclara que en casos de emergencia no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Una vez resuelta la emergencia, las atenciones subsiguientes podrán ser cobradas al paciente o a su compañía de seguros, según corresponda.
En cuanto a las excepciones, el escrito señala que queda exceptuada toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona. Se consideran comprendidas las siguientes situaciones:
- Paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria aguda grave que requiera maniobras avanzadas de reanimación o asistencia ventilatoria.
- Obstrucción aguda de la vía aérea o compromiso respiratorio severo de cualquier etiología.
- Shock en cualquiera de sus formas (hipovolémico, cardiogénico, séptico, distributivo, obstructivo o anafiláctico).
- Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y demás emergencias cardiovasculares con compromiso hemodinámico.
- Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico y otras emergencias neurológicas tiempo-dependientes susceptibles de tratamiento específico.
- Estado epiléptico o convulsiones persistentes con compromiso del estado de conciencia.
- Traumatismos graves, politraumatismos, traumatismo craneoencefálico severo, lesiones medulares o cualquier otra lesión traumática con riesgo vital.
- Hemorragias masivas o activas con compromiso hemodinámico o riesgo de shock.
- Quemaduras extensas, profundas, eléctricas, químicas o asociadas a compromiso de la vía aérea.
- Sepsis, shock séptico u otras infecciones graves con compromiso sistémico.
- Intoxicaciones agudas, envenenamientos o sobredosis con compromiso de funciones vitales.
- Abdomen agudo quirúrgico, ruptura de aneurisma u otras patologías quirúrgicas con riesgo inmediato para la vida.
- Emergencias obstétricas, incluyendo parto inminente, hemorragia obstétrica, embarazo ectópico complicado, eclampsia, preeclampsia grave, desprendimiento prematuro de placenta y cualquier otra situación que comprometa la vida de la gestante o del feto.
- Emergencias pediátricas o neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.
- Cualquier otra condición clínica que, conforme al criterio fundado del profesional médico responsable y a los protocolos asistenciales vigentes, implique un riesgo inminente para la vida o para la conservación de una función orgánica vital.
En Santa Fe, la diputada provincial Silvia Malfesi difundió este año un proyecto en la misma línea que la resolución nacional, pero con vigencia para los centros de salud provinciales. La iniciativa sostiene en su primer artículo que los extranjeros con condición de residentes transitorios y residentes precarios, tal como los define la Ley Nacional 25.871, que además no estén alcanzados por convenios bilaterales de asistencia recíproca, solo podrán acceder al sistema público de salud provincial con la presentación de un seguro de salud o el pago previo del servicio.
En el artículo 2 exceptúa del pago los casos de emergencia, aunque el Estado provincial deberá arbitrar los medios para recuperar el costo de las prestaciones. El proyecto agrega que el Ministerio de Salud será el encargado de fijar los aranceles según el costo de cada prestación. El texto contiene además una invitación a los municipios con efectores propios a que adhieran al proyecto.
«Cuando un turista extranjero utiliza los hospitales públicos provinciales, debería pagar por los servicios que recibe, como lo hace cualquier argentino cuando va a un hospital en el resto del mundo», declaró Malfesi. Y en el mismo sentido cuestionó lo que consideró una solidaridad ejercida «con la billetera ajena». Lo graficó con una sentencia: «Basta de regalar el dinero de los santafesinos. Nada es gratis».
Tras divulgarse la iniciativa, surgieron rechazos. Uno fue el del concejal y ex secretario de Salud de Rosario Leonardo Caruana. «¿Sabe cómo se ahorra en salud pública? Previniendo enfermedades, no destruyendo los programas de VIH y tuberculosis. Fortaleciendo la producción pública de medicamentos, no desmantelándola», respondió a la legisladora.