La Policía de Investigaciones secuestró 12 armas de fuego y municiones en un domicilio del barrio Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se originó a partir de una denuncia por violencia doméstica y derivó en una investigación sobre la circulación de armamento.
Un procedimiento iniciado a partir de una denuncia por violencia doméstica culminó con el secuestro de 12 armas de fuego de distintos calibres y municiones en una vivienda del barrio Barranquitas, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones.
Rolando Galfrascoli, director de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, informó que el hallazgo se enmarca en una investigación más amplia sobre la circulación de armas en ese sector de la ciudad. Según el funcionario, el episodio de violencia doméstica, que incluyó amenazas calificadas y abuso de arma, permitió a los investigadores confirmar información previa sobre la existencia de un arsenal en ese domicilio.
“Fuimos a buscar a partir de una investigación. Teníamos el dato a partir de esta investigación de este hecho violento, pero más doméstico, y llegamos a lo que pensábamos y a la información que teníamos, confirmándola: un arsenal dispuesto para cometer delitos en la casa de una persona”, sostuvo Galfrascoli.
Entre las armas secuestradas se encontraban pistolas calibre 9 milímetros, revólveres, escopetas y otras armas, además de municiones. Todas estaban registradas formalmente a nombre de una misma persona, circunstancia que, según las autoridades, plantea interrogantes sobre los controles para la adquisición y tenencia de armamento.
Galfrascoli señaló que la cantidad y variedad de armas encontradas en un mismo inmueble excede una tenencia doméstica convencional. “Uno tiene que pensar que toda esa cantidad de armas de fuego, todas en calidad o en capacidad de ser usadas, en una sola casa, en un solo domicilio, ligado a un clan familiar, que tienen antecedentes penales, evidentemente uno tiene que pensar que no solamente se pueden utilizar para realizar delitos, sino también para que otras personas con esas mismas armas cometan delitos”, afirmó.
El funcionario indicó que la investigación deberá determinar el destino de las armas y no descartó que algunas hayan sido utilizadas por terceros para cometer delitos. También señaló que existe una vinculación con otros hechos delictivos, aunque evitó brindar detalles que pudieran comprometer el avance de las pesquisas.
Consultado sobre la posibilidad de que las armas fueran alquiladas a delincuentes, Galfrascoli fue prudente y señaló que esa alternativa deberá ser investigada a partir del material secuestrado.
El origen formal de las armas llevó al funcionario a reclamar un mayor control sobre las licencias y autorizaciones para adquirir armamento en el país. “Estamos hablando de una persona que no tenía capacidad económica como para poder adquirir dos y tener 12 armas de fuego en su poder”, sostuvo. En ese sentido, planteó la necesidad de que las autoridades nacionales profundicen los controles sobre quienes obtienen autorización para comprar y poseer armas de fuego.
“Tenemos que llamar la atención a las autoridades nacionales para que fortalezcan, profundicen y lleven adelante a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina un plan de control sobre las licencias que se dan para que una persona pueda comprar un arma de fuego”, señaló.
El procedimiento de Barranquitas se inscribe en un despliegue más amplio realizado durante la última semana por la Policía de Investigaciones en distintos puntos de la provincia. Galfrascoli indicó que fueron realizados casi 40 allanamientos y que más de 25 personas quedaron privadas de su libertad y a disposición de la Justicia. También se secuestraron más de 15 armas de fuego y material estupefaciente que, según la estimación oficial, permitiría obtener más de 2.000 dosis, fundamentalmente de cocaína.
“Podemos dar cuenta otra vez de una semana en la que la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe sigue rompiendo sus propios récords en materia de persecución penal”, afirmó el funcionario, quien vinculó esos resultados con el plan de seguridad implementado por el gobierno provincial y con la coordinación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.
Galfrascoli ubicó dos objetivos centrales dentro de esa estrategia: combatir el microtráfico y retirar armas de fuego de circulación. “La política de persecución a los criminales violentos tiene que ver, por un lado, con eliminar el microtráfico como economía delictiva que está directamente ligada a la violencia altamente lesiva y, por otro lado, poder retirar las armas de fuego que circulan en la ciudad de Santa Fe y en la provincia”, explicó.
El funcionario también destacó que el descenso de la demanda operativa en Rosario y Santa Fe permite, según su evaluación, ampliar el despliegue de la Policía de Investigaciones hacia otras localidades de la provincia. En ese marco mencionó procedimientos recientes en localidades más pequeñas y sostuvo que el trabajo de los municipios, las comunas, los consejos de seguridad y los vecinos resulta un complemento importante para orientar las investigaciones. Remarcó que el 911 continúa siendo la herramienta central para el ingreso de información que puede derivar en investigaciones y allanamientos.
“El 911 es uno de los mayores aciertos en política de seguridad y persecución penal de la provincia de Santa Fe”, afirmó.
La investigación sobre el procedimiento de Barranquitas continúa. La Justicia deberá establecer la relación entre las 12 armas, su procedencia, quiénes tenían acceso efectivo al armamento y si algunas de esas armas fueron utilizadas en hechos delictivos ocurridos en la ciudad.