La Cámara de Senadores aprobó en general la iniciativa del Gobierno nacional que modifica el procedimiento de desalojos y establece límites a las expropiaciones. La votación concluyó con 37 votos a favor y 33 en contra.
La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para agilizar los procesos de desalojo y establecer límites a las expropiaciones. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, luego de una jornada de negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.
El oficialismo logró reunir el respaldo de sus 21 senadores, nueve radicales, tres integrantes del PRO y legisladores provinciales de Misiones, Corrientes y Chubut. El interbloque peronista y otros bloques opositores rechazaron la propuesta.
El proyecto fue aprobado después de que el Gobierno aceptara recortar el texto original. Primero eliminó el capítulo referido a la extranjerización de tierras y, durante el debate, retiró los artículos que modificaban la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de votos para sostenerlos.
La iniciativa modifica el procedimiento judicial para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente. El proyecto propone que los desalojos tramiten por una vía sumarísima, con plazos más breves que los establecidos actualmente.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo que el objetivo es «simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales» y garantizar el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa durante el cierre del debate y aseguró que busca terminar con las usurpaciones y proteger a quienes fueron perjudicados por ocupaciones ilegales.
En relación con la Ley de Manejo del Fuego, el oficialismo no logró el respaldo suficiente para modificar las restricciones vigentes. La normativa actual, aprobada en 2020, establece que los bosques nativos y humedales afectados por incendios no pueden modificar su uso durante 60 años, y para las tierras agropecuarias el plazo es de 30 años.
Varios senadores que acompañaron el proyecto sobre propiedad privada rechazaron ese capítulo, entre ellos los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, Carlos Carambia, Natalia Gadano, Beatriz Ávila y los representantes de Misiones.
Durante el debate, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «inconstitucional» y cuestionó las modificaciones previstas para el régimen de expropiaciones. La senadora rionegrina Ana Marks sostuvo que acelerar las expulsiones no resuelve el problema habitacional y cuestionó la falta de medidas destinadas a quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda. El senador pampeano Daniel Bensusán criticó el tratamiento parlamentario y afirmó que los legisladores recibieron el nuevo dictamen poco antes del comienzo de la sesión.
Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita sostuvo que «la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible». El radical Maximiliano Abad acompañó el proyecto, aunque advirtió que las inversiones no dependen únicamente de modificaciones legales, sino también de la estabilidad institucional y de una política de Estado sostenida en el tiempo.