El ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que el impacto del fallo que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones es de índole ética, y confirmó que el Ejecutivo recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobierno provincial continúa con su cuestionamiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones en el marco de la reforma previsional. El ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que el problema, más que cuantitativo, es ético por la no contemplación de la solidaridad previsional.
Tras conocerse los fallos del máximo tribunal provincial, el Ejecutivo anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Estamos hablando de una instancia más, sin desmerecer a la Corte Suprema, y hay una instancia que se va a recurrir”, declaró Olivares en conferencia de prensa.
“No es definitivo el fallo y también es preciso remarcar que cada miembro se expresó de manera diferente”, afirmó respecto a la forma en que se integraron las mayorías en el fallo sobre el tope y sobre el aporte solidario.
Según el ministro, son unos 50 casos los que se benefician con la inconstitucionalidad del tope salarial, “en su mayoría son casos de altos funcionarios, legislativos de designación política o carrera de magistrado judicial”. “No es el impacto cuantitativo sino de otra índole. Hemos hecho una reforma al sistema previsional para que la provincia conserve y tenga un sistema previsional sólido”, agregó.
“Hemos hecho todos los esfuerzos para la sustentabilidad. Insisto, no en lo cuantitativo sino en cómo se reparten los esfuerzos para alcanzar la sustentabilidad”, remarcó, y añadió: “Quiero remarcar que tiene que ver con lo cuantitativo por una cuestión de solvencia de la Caja, pero más impacto en el reparto ético”.
El fallo, emitido este lunes, declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones y validó los aportes solidarios. El Ejecutivo cuestiona el primer punto y recurrirá ante el máximo tribunal nacional. En los dos pronunciamientos, el ministro Roberto Falistocco fue determinante: se inclinó por la constitucionalidad del aporte y por la inconstitucionalidad del tope fijo. En el primer caso formó mayoría con Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza; en el segundo, con Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.
El aporte solidario, que dejará de aplicarse en septiembre para activos y pasivos, fue declarado constitucional, pero se otorgó un plazo de 30 días para que los demandantes acudan a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los casos que motivaron los pronunciamientos fueron el de Gladys Noemí Lisi, docente jubilada que cuestionó la emergencia previsional y el aporte solidario, y el de Elena Virginia Ramón, camarista penal que apeló el tope jubilatorio.