La provincia de Santa Fe, con el respaldo de la Región Centro, formalizó un reclamo ante el gobierno nacional por el aumento de las tarifas eléctricas para grandes consumidores, luego de que otras provincias expresaran quejas similares sin respuesta.
La reciente queja de la provincia de Santa Fe ante el gobierno nacional por los costos de un insumo industrial básico, que afecta a las pymes y a los grandes consumidores de energía eléctrica, tiene antecedentes en otras provincias que hasta ahora estaban dispersos.
Con el respaldo de la Región Centro, la Casa Gris decidió primero publicar sus quejas y luego reclamar ante los despachos oficiales nacionales por un insumo industrial básico que subió 500% en julio. Desde que comenzó el año hubo más expresiones sin respuestas.
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, mostró el impacto que sufre la industria santafesina, con números y sus consecuencias en materia de costos fijos, en un sector que atraviesa dificultades. Bajo la órbita de ese ministerio están, además de las políticas para los sectores productivos, los lineamientos que sigue la conducción de la Empresa Provincial de la Energía.
El reclamo de Santa Fe apunta a una resolución que ata las tarifas de las empresas con grandes consumos a los costos y ganancias de la generación de energía eléctrica, que sin regulaciones ni intervención estatal por vía de subsidios, está expuesto a los vaivenes del mercado mundial.
Hasta la decisión de la Casa Gris de salir públicamente a potenciar las posiciones de los industriales de la provincia y llevar a Buenos Aires formalmente las quejas de las empresas, y también una propuesta, hubo antes otras advertencias que no lograron el efecto deseado, según fuentes oficiales.
Ahora se trata de una iniciativa tomada por un funcionario del gobernador Maximiliano Pullaro, que cuenta con el respaldo de la Región Centro. Tanto en Córdoba como en Entre Ríos se han encontrado críticas en el mismo sentido, anteriores al aumento de julio, que fueron pasadas por alto por el gobierno nacional.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, manifestó en reiteradas ocasiones «la pérdida de competitividad» de las industrias locales y los reclamos del sector pyme por pagar una «energía cara».
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, encabezó mesas técnicas con federaciones económicas entrerrianas para abordar el impacto de la tarifa eléctrica en la viabilidad de las empresas.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró en un encuentro con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el 27 de junio que «la política económica del Gobierno nacional es incompatible con la industria y el desarrollo de las pymes locales». Sostuvo que «es falso que la economía esté funcionando a dos velocidades: impulsan un proceso de reestructuración de nuestra matriz productiva para llevarnos a un modelo de país primarizado, con concentración y exclusión». Añadió que «con un tipo de cambio atrasado, importaciones indiscriminadas, tarifas elevadas y tasas de interés inaccesibles, han configurado un combo perfecto para destruir el empleo y la producción local».
En el norte del país, tanto en el Noreste como en el Noroeste, se intentó alzar la voz durante los primeros meses del año, cuando el calor y los costos de las tarifas eléctricas tuvieron un fuerte impacto en los usuarios. En junio de este año, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores de las diez provincias del NEA y NOA se reunieron con el entonces ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y le plantearon los problemas sobre las tarifas eléctricas y el sector productivo. Antes, una sesión del Parlamento del Norte Grande, con más de 130 legisladores provinciales, exigió «un esquema federal que amortigüe el impacto de las tarifas en los comercios e industrias del interior», que luego respaldaron proyectos de ley en esa dirección en el Congreso.