Una denuncia penal presentada en abril de 2026 dio inicio a una investigación sobre la apropiación de haberes de residentes del geriátrico clandestino Nuevo Horizonte. La causa busca determinar si existió un patrón sistemático de vaciamiento de cuentas bancarias.
El 23 de abril de 2026, tres meses antes del incendio que expuso el funcionamiento del geriátrico clandestino Nuevo Horizonte, D.R., hija de uno de los residentes, presentó una denuncia penal contra la responsable del establecimiento, actualmente prófuga. La denuncia la acusaba de apropiarse de los haberes previsionales de su padre mediante un mecanismo que, según la presentación, se repetía de manera sistemática.
La presentación ampliaba una denuncia anterior, luego de que la familia revisara junto a personal del Banco Nación los movimientos de la cuenta bancaria del adulto mayor.
La cuenta quedaba en cero
De acuerdo con la certificación policial incorporada al expediente, apenas eran acreditados los haberes previsionales comenzaban a registrarse operaciones que la familia asegura no haber realizado. La secuencia consistía en una extracción por Red Link y dos transferencias bancarias que, en cuestión de horas, dejaban prácticamente vacía la cuenta del jubilado.
Una de esas transferencias tenía como destino una cuenta a nombre de María Laura M. G., dato consignado en la denuncia y que forma parte de la investigación judicial. Frente a esa situación, los familiares bloquearon la tarjeta de débito y solicitaron una nueva para impedir que continuaran los movimientos.
«Le habían creado un home banking»
Según relató la denunciante, la responsable del geriátrico habría aprovechado el estado de vulnerabilidad de su padre y el control de su documentación personal para crear una cuenta de home banking a nombre del anciano. De esa manera, una vez acreditada la jubilación, se transfería el dinero hacia otras cuentas bancarias. La maniobra, de comprobarse, habría permitido disponer de los haberes sin necesidad de utilizar físicamente la tarjeta de débito.
«Muchos abuelos no tenían quién administrara su dinero»
En diálogo con El Litoral, D.R. aseguró que el caso de su padre no sería un hecho aislado. «Muchos residentes no tenían familiares que administraran su dinero. Algunos cobraban montos muy pequeños y otros sumas importantes. Era la regente quien manejaba esas cuentas y, según creemos, las vaciaba», sostuvo.
La Justicia deberá determinar si existió un patrón de conducta y reconstruir, a partir de los movimientos bancarios y demás pruebas, el destino del dinero.
Una investigación que también apunta al móvil económico
La causa no solo busca establecer responsabilidades por las condiciones en las que vivían los adultos mayores, sino también determinar si detrás del funcionamiento del geriátrico clandestino existía un esquema destinado a apropiarse de los ingresos previsionales de personas que, por su edad, deterioro cognitivo o situación de abandono, difícilmente pudieran controlar sus propias cuentas bancarias. El análisis de las transferencias, los registros bancarios y los dispositivos electrónicos secuestrados podría resultar determinante para establecer el alcance de la maniobra y si hubo más víctimas.
Las denuncias estaban antes que el incendio
Cuando el geriátrico se incendió, la Justicia ya conocía parte de lo que ocurría allí. Las denuncias por presuntos malos tratos, abandono y posibles delitos patrimoniales habían sido presentadas meses antes. Sin embargo, el establecimiento continuó funcionando hasta que un incendio expuso ante la sociedad una realidad que, para varias familias, no era nueva.