Organizaciones sociales, sindicales, científicas, ambientales y vecinales convocan a una jornada de protesta este jueves 6 de agosto en Rosario, en coincidencia con el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley que modificaría los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Organizaciones sociales, sindicales, científicas, ambientales y vecinales convocan para este jueves 6 de agosto a una jornada de movilización en Rosario en rechazo al proyecto de ley de extranjerización de tierras. Las actividades comenzarán a las 12 con una radio abierta, muestra soberana y banderazo en Plaza San Martín; a las 17 se realizará una concentración en el mismo lugar y a las 18 partirá una marcha hacia el Monumento Nacional a la Bandera.
La movilización se replicará en distintos puntos del país en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Congreso de la Nación, que habilitaría la venta sin límites de tierra argentina a manos extranjeras. Los organizadores solicitan que los tres senadores por Santa Fe voten en contra de la iniciativa.
Luciano Orellano, dirigente del Foro por la Recuperación del Paraná y del Encuentro Federal por la Soberanía, afirmó que el proyecto, pese a su denominación, eliminaría el tope del 15% vigente en la ley actual y permitiría la venta del 100% del territorio argentino a extranjeros. Orellano señaló que Argentina ya registra un 25% de su territorio bajo ocupación colonial en las Islas Malvinas y que unas 13 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras. En Santa Fe, indicó, hay cerca de 250.000 hectáreas extranjerizadas, un porcentaje que roza los límites legales vigentes.
El dirigente también mencionó que el proyecto afectaría no solo la tierra firme sino también los espejos de agua, como ríos, lagunas, humedales y glaciares. Citó como antecedente el caso del magnate británico Joseph Lewis, que adquirió unas 70.000 hectáreas y un lago completo en la Patagonia, restringiendo el acceso a un paso fronterizo, y el caso de La Rioja, donde la venta de tierras a un privado generó rechazo popular.
Orellano advirtió que el argumento de otorgar mayor autonomía a las provincias para vender tierras podría derivar en un riesgo institucional: la posibilidad de que una provincia venda territorio a un país extranjero mientras otra se opone, lo que podría generar un cuadro de secesión dentro del territorio nacional. También vinculó la iniciativa con un contexto internacional de disputas territoriales, como las tensiones en Ceuta y las declaraciones expansionistas de Donald Trump sobre Groenlandia, y con el desfinanciamiento de organismos científicos como el INTA, el INTI y la CONEA.
El referente remarcó que la ley pondría en riesgo zonas estratégicas y fronterizas, con implicancias en materia de defensa nacional, y que no existen antecedentes de un país soberano que elimine todos los límites a la propiedad extranjera de su territorio.