El Ejecutivo aprovecha el receso parlamentario para ajustar la ley que busca declarar la inviolabilidad de la propiedad privada, con reuniones técnicas y negociaciones con bloques aliados antes del 6 de agosto.
El Gobierno reescribe el proyecto de Propiedad Privada para evitar otro traspié en el Senado. Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y equipos técnicos se reúnen para volver a revisar la letra chica del texto, cuyo tratamiento ya fue postergado cuatro veces. La compra de tierras por parte de extranjeros concentra las objeciones de los bloques aliados. El oficialismo quiere asegurarse consensos antes del 6 de agosto.
La reunión de este jueves reúne al autor del proyecto y ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y representantes de los equipos parlamentarios y bloques federales. También participan los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez.
El objetivo inmediato es acordar una redacción que preserve el corazón desregulador del proyecto, pero incorpore las observaciones de los gobernadores y senadores aliados. Sin ese equilibrio, la quinta oportunidad podría terminar igual que las cuatro anteriores, donde los votos no alcanzaron y el texto siguió recibiendo modificaciones.
La iniciativa ingresó al Senado el 27 de marzo y obtuvo dictamen el 20 de mayo. Desde entonces, atravesó una secuencia de avances, correcciones y retiros. El 4 de junio fue incluida en la sesión que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero La Libertad Avanza decidió retirarla del temario. El nuevo intento, previsto para el 18 de junio, quedó absorbido por la crisis política alrededor del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El 25 de junio tampoco pudo tratarse porque la Cámara alta no consiguió quórum. Finalmente, el 16 de julio Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, moción que fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
Desde su presentación, el expediente acumuló modificaciones y llegó a circular en unas quince versiones, según los cálculos de los cronistas parlamentarios. El Ejecutivo busca ahora consensuar con los bloques aliados una postura más unánime sobre el proyecto.
Para Javier Milei, la iniciativa es una pieza elemental en el programa libertario. El presidente lo declaró durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Está en el Congreso la ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”. Y agregó: “Aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, son los enemigos del progreso”.
El principal foco de resistencia aparece en el articulado relacionado con las tierras fiscales y la posibilidad de ampliar la participación de personas o sociedades extranjeras en la adquisición de tierras rurales. Los bloques federales hicieron llegar sus reparos, al igual que sectores aliados. La vicepresidenta Victoria Villarruel también tomó distancia de ese punto y protagonizó un cruce con Bullrich en la sesión anterior. Este martes se reunieron durante unos veinte minutos en el despacho de la titular del Senado para encontrar puntos en común.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza quedó a cargo de traducir la definición presidencial en votos. Su tarea consiste en acercar a los representantes provinciales, contener las ambiciones de la cartera que comanda Sturzenegger y acordar con Legal y Técnica una redacción que pueda ser defendida simultáneamente en el recinto y en la Casa Rosada.
La sesión del 6 de agosto ya fue comprometida para continuar el debate. El proyecto de Ley Hojarasca, que inicialmente iba a encabezar la agenda de esa jornada, sería desplazado al 13 de agosto. También quedaron pendientes el Súper RIGI, la modificación de la Zona Fría, la reforma electoral, otro paquete de desregulación y las iniciativas que el Ejecutivo planea remitir sobre Inocencia Fiscal y la Carta Orgánica del Banco Central.