Un nuevo operativo contra el narcomenudeo se realizó este lunes en Barrio Gráfico, donde fue demolido un presunto punto de venta de drogas vinculado a hechos de violencia, extorsiones y homicidios, según la investigación judicial.
Barrio Gráfico sumó este lunes un nuevo operativo contra el narcomenudeo. En Benteveo al 700 fue demolido un presunto punto de venta de drogas que, según la investigación judicial, también estaba relacionado con hechos de violencia, maniobras extorsivas y homicidios ocurridos en la zona.
Se trata del quinto búnker derribado en ese barrio y del número 78 en Rosario desde que comenzó a aplicarse la ley de Microtráfico, a principios de 2024. En toda la provincia ya se realizaron 133 intervenciones de este tipo.
La investigación que permitió llegar al búnker
La fiscal de Microtráfico, Mercedes Banchio, explicó que el procedimiento fue el resultado de una investigación de largo alcance encabezada por la fiscal Alejandra Raigal. Según detalló, la pesquisa no se limitó a la venta de estupefacientes, sino que permitió reconstruir conexiones con otros delitos. «La investigación tuvo que ver no solo con la actividad de microtráfico, sino también con otros delitos conexos vinculados a violencias altamente lesivas, homicidios ocurridos en las cercanías y maniobras extorsivas», señaló.
Uno de los elementos centrales para avanzar fueron los llamados al 911, que permitieron identificar zonas críticas, junto con denuncias de vecinos cuya identidad permanece reservada, una herramienta prevista por la ley nacional de Estupefacientes (23.737) para proteger a quienes aportan información en este tipo de causas.
A eso se sumó el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante los primeros allanamientos, que permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, establecer los roles de los involucrados e identificar a nuevos sospechosos. «Lo importante es la forma de trabajar: ya no ir caso por caso, sino avanzar sobre una zona con una problemática clara de violencia y microtráfico. Eso permite realizar varias tandas de allanamientos y, posteriormente, concretar distintos derribos de búnkeres», explicó Banchio.
Investigan vínculos con la banda del Peruano
Según explicó Banchio, los investigadores detectaron indicios que vinculan a los acusados con la organización criminal liderada por Julio Andrés «Peruano» Rodríguez Granthon, el narcotraficante que actualmente cumple condenas por narcotráfico, asociación ilícita y por su participación en la logística del crimen del exconcejal Eduardo Trasante. Por esa causa, varios de los sospechosos permanecen con prisión preventiva. Rodríguez Granthon fue señalado por la Justicia como jefe de una organización que operó principalmente en el oeste y norte de Rosario, incluso mientras permanecía detenido en cárceles de Piñero y Ezeiza. La banda fue investigada por delitos vinculados al narcotráfico, homicidios, extorsiones y ataques armados.
Un terreno municipal convertido en aguantadero
Otro dato que surgió durante el operativo es que la construcción demolida estaba levantada sobre un terreno perteneciente a la Municipalidad de Rosario. Banchio señaló que, a partir de esa situación, la Fiscalía mantiene contacto con el municipio para definir el destino del predio una vez finalizada la demolición. Por su parte, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereyra, sostuvo que el lugar funcionaba «prácticamente como un aguantadero», donde además del microtráfico se registraban distintos episodios de violencia y extorsiones. El funcionario recordó además que barrio Gráfico ya fue escenario de varios procedimientos similares en el marco de las investigaciones impulsadas por la Ley de Microtráfico.
Cuántos búnkeres fueron derribados en Rosario
Con este operativo ya son 78 los búnkeres inactivados en Rosario y 133 en toda la provincia de Santa Fe desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023. La normativa permite a la Justicia provincial intervenir en causas de narcomenudeo y ordenar la demolición de inmuebles utilizados para la venta de drogas cuando las investigaciones concluyen que funcionan como centros de comercialización de estupefacientes o están asociados a hechos de violencia.