La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados iniciará este miércoles el debate del proyecto del Ejecutivo que modifica el Código Penal para endurecer penas contra la violencia en espectáculos deportivos.
La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles, a partir de las 12, el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos. La iniciativa, conocida como ley antibarrabravas, modifica el Código Penal y será debatida en medio del Mundial de Fútbol.
La presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, convocó a la reunión y se espera la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad para explicar los detalles de la propuesta. El proyecto, diseñado originalmente por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, tiene como punto central el aumento de las penas para los barrabravas, al configurarse un nuevo tipo especial de asociación ilícita.
Entre las medidas, se establecen penas de hasta seis años de prisión para los dirigentes de clubes que colaboren o tengan connivencia con los barrabravas. Se autoriza a investigar a aquellos que entreguen entradas o mantengan vínculos económicos irregulares con estos grupos. La distribución ilegal de entradas y la reventa irregular también serán sancionadas con penas de dos a seis años de prisión.
El proyecto prevé penas de entre uno y cuatro años de prisión para quien dañe muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo. Para quienes porten armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes, las penas van de tres años y seis meses a seis años. La introducción, guarda o porte de elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos será castigada con cuatro a ocho años de prisión, mientras que portar armas de fuego o artefactos explosivos implicará penas de cuatro a diez años.
Además, se contemplan sanciones excarcelables cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante violencia. En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que las organizaciones delictivas ligadas al deporte, especialmente al fútbol, no solo actúan durante los eventos deportivos, sino que pueden atacar violentamente en cualquier lugar del país si sus intereses económicos se ven en peligro. También se mencionan agresiones a hinchas por el solo hecho de ser simpatizantes de determinados equipos.
El objetivo central de la iniciativa, según el Gobierno, es erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado y comportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo.