El gobierno de Santa Fe extendió por un año la Emergencia en Materia Social, Educativa y Sanitaria en todo el territorio provincial, según un decreto publicado esta semana que cita indicadores de pobreza y mayor demanda sobre servicios públicos.
El gobierno provincial decidió extender por un año la Emergencia en Materia Social, Educativa y Sanitaria en todo el territorio santafesino. La medida, formalizada mediante un decreto, rige desde esta semana y se apoya en un diagnóstico que combina indicadores sociales, mayores demandas sobre los servicios públicos y el impacto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que persisten las condiciones que motivaron la declaración original de la emergencia y advirtió sobre un escenario económico complejo que continúa afectando a miles de familias santafesinas.
Para justificar la decisión, el escrito citó estadísticas del Indec correspondientes al segundo semestre de 2025. Según esos datos, en el Gran Rosario la pobreza alcanzó al 16,6% de los hogares y al 22,3% de las personas, mientras que en el Gran Santa Fe los porcentajes llegaron al 22,8% y al 30,6%, respectivamente.
La norma también incorporó datos sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, mencionó informes que reflejan altos niveles de pobreza infantil en el país y advirtió que las problemáticas sociales continúan demandando una fuerte intervención estatal.
Otro de los puntos destacados es el crecimiento de los consumos problemáticos. El decreto señaló que las situaciones abordadas por la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas aumentaron de manera sostenida en los últimos años. Entre 2023 y 2025 el incremento acumulado superó el 150%, según el Gobierno provincial.
En materia sanitaria, el documento sostuvo que la crisis económica nacional provocó una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos. La pérdida de cobertura por parte de afiliados a obras sociales y las dificultades económicas de numerosos sectores hicieron que más personas recurrieran al sistema estatal para recibir atención médica.
A su vez, el decreto mencionó la reducción o interrupción de programas nacionales vinculados a la salud, como los de salud sexual y reproductiva, Remediar e Incluir Salud. Según la administración provincial, esta situación obligó a Santa Fe a incrementar recursos propios para sostener prestaciones que anteriormente contaban con financiamiento o respaldo de la Nación.
La prórroga de la emergencia también se inscribe en un contexto de caída de transferencias y recursos federales. El decreto sostiene que la crisis económica que atraviesa el país impacta de manera directa en las áreas sociales, educativas y sanitarias, generando mayores demandas sobre el Estado provincial.
La medida contempla que el Ejecutivo provincial conservará herramientas administrativas extraordinarias para agilizar contrataciones, compras y ejecución de gastos en áreas consideradas críticas. En el área de salud, durante la vigencia de la emergencia se realizaron más de 2.500 gestiones entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas para asegurar el funcionamiento de hospitales y centros de salud.
Además, la medida busca sostener programas vinculados a la asistencia social, la seguridad alimentaria, la promoción de derechos y el sistema educativo. Según argumenta el decreto, la continuidad de estas facultades especiales resulta necesaria para fortalecer la capacidad de respuesta de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Educación y Salud.