El Tribunal de Rafaela dictó una condena de diez años de prisión contra María Silvina Asís, exjefa de la Comisaría Nº 6 de Frontera, por integrar una organización delictiva en la policía.
En horas del mediodía de este jueves, en los Tribunales de Rafaela, se dio a conocer el veredicto en el marco del juicio oral y público contra la exjefa de la Comisaría Nº 6 de la ciudad de Frontera, María Silvina Asís. Fue acusada de formar parte de una trama delictiva montada desde las cúpulas policiales.
A diferencia de los otros dos jefes implicados en la causa —Gastón Eletti (exresponsable de la Zona de Inspección Nº 5) y Juan Manuel Villafañe (numerario de la Brigada Motorizada)—, quienes optaron por un juicio abreviado y recibieron condenas de 7 y 3 años de prisión respectivamente, Asís rechazó esa alternativa.
La Fiscalía le atribuyó los delitos de asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad y falsificación de documento público, entre otros cargos. La investigación penal fue llevada adelante originalmente por la fiscal Gabriela Lema, titular de la Sección de Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5 del MPA. Se determinó que entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de febrero de 2022, las dependencias policiales de Frontera y Josefina funcionaron como una organización delictiva paralela.
Según la teoría del Ministerio Público de la Acusación, la estructura estaba organizada de manera vertical por Gastón Eletti y María Silvina Asís. Aprovechando sus facultades y cargos, ambos jefes organizaron y direccionaron los recursos públicos bajo su administración para montar la empresa delictiva. La red contaba además con la complicidad operativa de Villafañe y otros diez oficiales y suboficiales que prestaban servicios en la Comisaría N° 6, la Subcomisaría N° 8 de Josefina y el Destacamento N° 6 de Barrio Acapulco.
La fiscal Lema sostuvo que la organización se dedicaba de forma habitual y continua a cometer exacciones ilegales, encubrimiento agravado y falsedad ideológica, incluyendo secuestro coactivo agravado. Las evidencias reunidas incluyeron escuchas telefónicas, denuncias de víctimas, declaraciones y filmaciones. La exjefa policial debía responder por cada uno de los 13 hechos delictivos cometidos bajo el ejercicio abusivo de sus funciones.