El Senado sesionará este jueves para debatir un proyecto que elimina restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros y establece desalojos exprés, junto a la autorización para pagar 171 millones de dólares a dos fondos buitres.
El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros compren tierras rurales y contempla desalojos exprés en inmuebles usurpados. La iniciativa es uno de los temas centrales, junto al pago de los fondos buitres, que La Libertad Avanza acordó hoy con los bloques dialoguistas incluir en la sesión.
El temario establecido para la sesión de mañana contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratados en el recinto. La postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia. También se incluyen dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar del Plata y Tucumán, impulsados por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán mañana se definirá antes de la sesión y será difundida por el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, según informaron fuentes parlamentarias.
Propiedad privada
El proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo modificaciones sustanciales: se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Límite a la compra de tierras
El proyecto elimina los límites para que los extranjeros adquieran tierras y dispone que las provincias deberán autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero. Cada provincia conserva la jurisdicción plena sobre el territorio dentro de sus límites, conforme a la Constitución Nacional. Se prohíbe que estados extranjeros, organizaciones empresariales donde un estado extranjero tenga participación en el capital o en las decisiones societarias, o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un estado extranjero, puedan comprar tierras.
Desalojos
Se aplicará un desalojo exprés solo en casos de inmuebles usurpados; en el resto de los casos se mantienen los plazos de intimación actuales. Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler, que deberá hacerse de forma fehaciente. La notificación será dirigida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea real o electrónico, y se tendrá por válida aún si el locatario se negara a recibirla o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables a él. Ante el incumplimiento, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley, con un plazo de 10 días hábiles.
Expropiaciones
La declaración de utilidad pública se aplicará de manera restrictiva, y el Estado deberá fundamentar claramente los motivos de esa medida. El dictamen estableció un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que el proyecto original no fijaba ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
Manejo del fuego
Se deroga el artículo que establecía que, en caso de incendio de un predio rural, por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. En el caso de incendios de bosques nativos, se prohíbe el cambio de uso y destino previsto en las normas actuales, pero se elimina el plazo de 60 años establecido en la ley promovida por Máximo Kirchner.
Fondos buitres
El Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres 171 millones de dólares para cerrar un acuerdo con esos bonistas y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se puedan pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos, por lo que necesita tener aprobada esta ley antes de esa fecha. Se acuerda con Bainbridge un pago único en efectivo de 67 millones de dólares y de 104 millones con Attestor Value Master Fund LP. La modalidad es entrega contra pago: los acreedores entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, mediante acreditación en cuenta. La Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada dicha entrega y quedará facultada para presentar la documentación correspondiente ante organismos administrativos, judiciales o cualquier otro ante el cual se tramiten litigios, para lograr la desestimación, el archivo y el desistimiento con efecto de cosa juzgada. Se acuerda una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos.