Un informe de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Senado bonaerense alerta que el recorte fiscal del gobierno nacional impactará en las administraciones provinciales y municipales, con una reducción de u$s 25.000 millones que pondría en riesgo la gobernabilidad.
Un informe de coyuntura elaborado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF) y el Senado de la Provincia de Buenos Aires advierte que el ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei impactará en las provincias con un recorte que buscará alcanzar los u$s 25.000 millones. El estudio, coordinado por Roberto Feletti, señala que esa reducción en las administraciones provinciales y municipales “pone en riesgo la gobernabilidad y la convivencia social”.
Según el informe, el ajuste fiscal récord en Argentina “en dos años redujo el peso de la administración nacional en la economía desde un promedio histórico de 25 puntos del PIB a los 15 puntos actuales, lo que implica una poda de casi u$s 50 mil millones”. El documento califica esa reducción como “una retirada salvaje de la inversión pública y social” y afirma que “si esa baja se consolidara en el tiempo, sería imposible recuperar el consumo interno, que es el principal dinamizador de la economía argentina”.
El estudio anticipa que el recorte en las provincias y los municipios será de u$s 25 mil millones adicionales. La magnitud surge del Pacto de Mayo, con el cual el Gobierno logró imponer que el gasto del sector público consolidado (Nación, provincias y municipios) tenga un tope del 25% del PIB. “Si el gasto del Estado nacional se mantiene en 15% del PIB, eso implica que las provincias deben limitarse al 10% restante”, advierte.
El informe detalla que esa meta contradice “el promedio del gasto público consolidado de provincias más municipios, que es históricamente del 15% del PIB” y agrega: “Un eventual recorte de 5 puntos del PIB para ajustarse al tope fijado por el Pacto de Mayo equivaldría a una poda de u$s 25 mil millones”.
“La motosierra del ajuste comenzó por el sistema previsional, las universidades, la obra pública y los programas de protección social. Ahora llega el turno de las provincias y de los municipios”, completó el informe.
El estudio también analiza el rol social de las provincias, que brindan servicios de salud, educación, seguridad y bienes sociales. “Inducirlas a un ajuste de esta dimensión impactará en sus comunidades, que ya están afectadas por la caída de la actividad y que además verán subir los costos de los servicios con el probable cambio en el régimen de Zonas Frías”, señala.
El documento sostiene que el ajuste es la única herramienta que esgrime el gobierno de Milei “por mandato externo y convicción propia”, y se pregunta dónde encontrará su límite político: “un límite que debe y sólo puede fijar la sociedad argentina, que es una sociedad lacerada”.
“Por otro lado, la experiencia libertaria, más allá de sus enunciados, no logra resultados que garanticen sostenibilidad”, advierte. Y concluye: “Milei tiende a compararse con Menem, pero el modelo de la Convertibilidad contaba con ingreso masivo de capitales vía privatizaciones y emisión de deuda (tras la reestructuración del Plan Brady). No es lo que sucede hoy”.