El Poder Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la gestión de intereses, conocido como Ley de Lobby. La iniciativa crea un registro de lobistas, obliga a publicar las agendas de funcionarios y prevé sanciones penales para quienes actúen sin inscripción o representen intereses extranjeros de forma clandestina.
El Gobierno nacional completó el envío al Congreso de un nuevo paquete de leyes, entre las que se incluye el proyecto de regulación del lobby, denominado oficialmente Régimen de Gestión de Intereses. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados y será tratada en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas presididas por diputados del oficialismo: Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.
El proyecto establece un sistema de publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad para las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de toma de decisiones estatales. Entre sus ejes centrales se encuentra la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de carácter obligatorio y digital, donde los lobistas deberán inscribirse y presentar declaraciones juradas sobre los intereses que representan. También se prevé la publicación de las agendas de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Según el texto oficial, quedan incluidas en la regulación las gestiones destinadas a influir en la elaboración, derogación o implementación de leyes, licitaciones, concesiones, asignación de subsidios o beneficios fiscales. Los reportes de actividad deberán presentarse de forma trimestral y serán publicados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su presentación.
La iniciativa prevé sanciones penales para quienes ejerzan la gestión de intereses sin estar inscriptos en el registro, con penas de hasta dos años de prisión. En el caso de representar clandestinamente intereses extranjeros en áreas sensibles como defensa, inteligencia, infraestructuras críticas o recursos naturales, la pena podría alcanzar los tres años de prisión.
El proyecto establece que la autoridad de aplicación será el propio Poder Ejecutivo, a través de la jurisdicción u organismo que designe, sin crear un órgano independiente. Además, la regulación no alcanza al Poder Judicial, cuyas gestiones se rigen por su propia normativa. Las provincias podrán adherir de forma voluntaria, por lo que el lobby ante gobernaciones y legislaturas locales queda fuera del sistema hasta que cada jurisdicción decida sumarse.
El Gobierno sostuvo que la iniciativa busca ordenar y transparentar a quienes buscan influir sobre las decisiones públicas, y que se inscribe bajo el artículo 1° de la Constitución Nacional, que establece la forma republicana de gobierno. Asimismo, señaló que el ordenamiento vigente carece de un régimen integral y sistemático que regule la gestión de intereses en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, generando un vacío normativo.
El texto remitido a Diputados guarda similitud con proyectos presentados en años anteriores por legisladores como Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, Gisela Scaglia, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer, la mayoría de los cuales perdieron estado parlamentario sin ser tratados en el recinto.