Industriales Pymes Argentinos (IPA) reportó un incremento del 131,71% en la apertura de concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires durante 2025 respecto a 2023, y solicitó al Gobierno nacional la declaración de emergencia económica.
Industriales Pymes Argentinos (IPA) informó que los concursos preventivos de crisis aumentaron más del 130% en el último año en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente de IPA, Daniel Rosato, solicitó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, la intervención urgente y pidió al Congreso de la Nación que trate y apruebe un proyecto de ley de emergencia económica para evitar el cierre acelerado de empresas.
Rosato señaló: “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor”.
Según un comunicado de IPA, las aperturas de concursos preventivos se dispararon casi un 132% en el último año. El titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, advirtió por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero.
Pizzano puntualizó que, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registró la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en 2023, lo que representa un incremento del 131,71%. En el primer trimestre judicial de 2026 (febrero, marzo y abril) se abrieron 92 procesos concursales, superando los registros anuales de 2021 a 2024.
El informe de IPA indicó que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas y 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. También señaló una pérdida neta de inversión extranjera directa, la primera en 22 años, y que empresas multinacionales dejaron el país, mientras firmas locales se reconvirtieron en importadores.
Para evitar la quiebra, IPA planteó una salida basada en el Derecho de la Emergencia, con una legislación transitoria que suspenda ejecuciones hipotecarias y prendarias, extienda el período de exclusividad y facilite el acceso a soluciones preventivas. Pizzano sostuvo que “el empresario Pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”.
El documento concluyó que este blindaje jurídico debe acompañarse de un cambio en las condiciones macroeconómicas para el desarrollo del mercado interno, la recuperación productiva, el empleo, el salario real y el consumo masivo.