El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva a doce personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al tráfico de armas. Entre los imputados figura un oficial de la Policía de la Ciudad. Los allanamientos incluyeron 12 operativos en Santa Fe.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva a doce personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a adquirir, transferir y hacer circular armas de fuego de manera irregular, mediante la utilización de testaferros, gestores administrativos, armerías y operadores registrales. Entre los imputados figura un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, acusado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se inició en julio de 2024 a partir de una denuncia de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, tras una pesquisa preliminar de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). El caso quedó radicado en el Juzgado Federal de Campana, con intervención de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, a cargo del fiscal federal Sebastián Alberto Bringas.
El juez procesó a uno de los imputados como presunto jefe de la asociación ilícita y al resto como miembros. Todos fueron considerados coautores del delito previsto en el artículo 189 bis inciso 4 del Código Penal, sobre provisión y circulación ilegal de armas de fuego. En el caso del policía, se sumó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. González Charvay también dispuso embargos sobre los bienes de los acusados por sumas de entre 100 y 150 millones de pesos.
Según la resolución judicial, la pesquisa permitió reconstruir “un circuito funcional y permanente de provisión irregular de armamento”, a partir de intervenciones telefónicas, tareas investigativas, información registral y allanamientos realizados en abril pasado. El magistrado sostuvo que “la cantidad y entidad de la prueba producida resulta por demás suficiente para corroborar —al menos con la exigencia de esta etapa procesal— una gran cantidad de circunstancias relacionadas con las actividades delictivas aquí investigadas”.
Se verificó la existencia de al menos 742 armas registradas a nombre de personas vinculadas a la organización cuyo destino no pudo ser determinado. La investigación identificó “reiteraciones sistemáticas en los mecanismos de adquisición y transferencia del armamento”, con intervención recurrente de gestores, armerías, certificantes y usuarios que actuaban como aparentes legítimos usuarios sin ejercer la tenencia material efectiva.
Entre los doce procesados hay diez hombres y dos mujeres, con roles de gestores ante la ANMAC, responsables y empleados de armerías, legítimos usuarios que habrían actuado como testaferros, un integrante de la Policía de la Ciudad que realizaba certificaciones, y exempleados del RENAR/ANMAC que intervenían en procesos administrativos.
La organización habría operado desde enero de 2022 mediante una estructura estable y permanente, con división funcional de tareas. El juez fundamentó la prisión preventiva en la gravedad de los hechos, la pena en expectativa, la magnitud de la organización y los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
La pesquisa se originó tras un relevamiento de la ANMAC sobre nuevos legítimos usuarios que habían solicitado la tenencia de cinco o más armas en un corto período, detectando incompatibilidades entre ingresos declarados y armamento adquirido, compras reiteradas de pistolas semiautomáticas calibres 9 mm, .40 y .380, e irregularidades en domicilios de guarda. De 147 casos detectados, se realizaron 38 inspecciones con irregularidades en 35.
En abril pasado se realizaron 140 allanamientos simultáneos en todo el país, coordinados por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA. Los operativos se desplegaron en trece jurisdicciones: 73 en provincia de Buenos Aires, 18 en CABA, 14 en Tucumán, 12 en Santa Fe, 10 en Córdoba, 3 en Mendoza, 3 en San Luis, 2 en Misiones y 1 en Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego y Chubut. Intervinieron 193 brigadas y 772 efectivos. Se secuestraron unas 120 armas de fuego (55 pistolas, 25 escopetas, 17 revólveres, 8 ametralladoras, 7 fusiles, 5 carabinas y 3 pistolones), una granada de mano Mk 2, más de 40.000 municiones y documentación y dispositivos electrónicos de interés para la causa.