La Cámara de Diputados de Santa Fe avanza con el proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia. Antes de votar, los legisladores recibirán a representantes de la Iglesia, que propone ordenar la actividad en lugar de eliminarla.
El proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe, con media sanción del Senado, comenzó a tratarse con mayor celeridad en la Cámara de Diputados. Según informaron fuentes legislativas, el jueves próximo las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Asuntos Constitucionales prevén unificar un dictamen para luego debatirlo en el recinto.
La iniciativa, impulsada por el senador por Rosario Ciro Seisas, establece la adhesión obligatoria de los municipios para su aplicación, y contempla tareas comunitarias, penas de arresto y un programa de reinserción laboral para quienes realizan esa actividad. El radicalismo y el socialismo presentarán borradores de dictámenes por separado para unificar criterios.
El miércoles a las 13, la comisión de Seguridad recibirá a autoridades eclesiásticas, que ya enviaron un documento para ser analizado. El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, junto al responsable de la Pastoral Social, padre Fabián Monte, y miembros de la comisión Diocesana de Pastoral Social, mantuvieron un encuentro con un grupo de personas que se dedican a esta actividad.
En ese encuentro, la Iglesia reafirmó su acompañamiento a los trabajadores informales y renovó su vocación de trabajar en una solución para los más vulnerables. “Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse; principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones, especialmente en espectáculos masivos o en inmediaciones de los estadios”, declaró el arzobispo.
El diputado de Unidos, Martín Rosúa, señaló que se debe aprobar una “legislación responsable y aplicable”. “Cargarle el trabajo a la Justicia penal podría empeorar la situación”, afirmó, y agregó que la aplicación debe recaer en los municipios y no en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El proyecto proveniente del Senado sufrirá modificaciones. Funcionarios de la capital provincial expresaron su preocupación por el artículo 4, que impone la adhesión municipal y convierte a los municipios en autoridad contravencional, lo que requeriría más presupuesto y nuevas designaciones.
La diputada socialista Lionella Cattalin indicó que existen realidades distintas en las diversas localidades. “Todos pidieron cambios por la capacidad de accionar o no ante una falta cometida. Esta ley tiene que entender las realidades de toda la provincia y de todas las ciudades”, sostuvo. “Tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de este tema y no vender espejitos de colores, porque el problema de los cuidacoches puede ser una de tantas soluciones, pero no lo vamos a resolver con una ley y mucho menos con una ley debatida a las apuradas”, finalizó.