La provincia pidió intervenir una traza clave para la producción y logística, pero la Nación ofreció un esquema de concesión por peaje que no transfiere dominio ni recursos.
La provincia de Santa Fe solicitó al gobierno nacional la cesión de la Ruta Nacional A012 para intervenirla con urgencia, reparar su deterioro y mejorar una traza estratégica para el sistema productivo y logístico de la región, especialmente en tiempos de cosecha y fuerte movimiento hacia los puertos del Gran Rosario.
La A012 cumple un rol central en la circulación de cargas, conecta corredores viales decisivos y hace años evidencia problemas de mantenimiento, baches, ahuellamientos y niveles de saturación que afectan tanto la seguridad vial como la competitividad económica.
Sin embargo, la respuesta del gobierno nacional no fue la cesión específica de esa ruta ni la ejecución directa de las obras necesarias. La respuesta llegó a través del Decreto 253/26, que habilita a diez provincias —entre ellas Santa Fe— a asumir facultades para concesionar obras públicas por peaje en tramos de rutas nacionales ubicados en sus territorios.
Es decir: Santa Fe pidió una solución concreta para una ruta determinada, y la Nación respondió con un esquema general y difuso de delegación administrativa.
Qué delega la Nación y qué se reserva
El decreto establece que las provincias interesadas podrán impulsar concesiones para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de rutas nacionales. Pero al mismo tiempo deja en claro que no existe transferencia de dominio público ni cesión de jurisdicción federal.
La titularidad de las rutas continúa siendo nacional. También se reservan facultades de supervisión, auditoría y aprobación de los convenios respectivos.
En otras palabras, la Nación conserva la propiedad, mantiene el control regulatorio y fija las condiciones generales. Las provincias, por su parte, deben impulsar los proyectos, estructurar licitaciones, administrar procesos complejos y asumir los costos políticos y operativos de la ejecución.
No se transfiere plenamente la competencia: se delega parcialmente la gestión. Además, esa delegación tiene carácter funcional, limitado, temporal y revocable. No se trata, por lo tanto, de una redefinición estable del esquema federal de infraestructura, sino de una salida administrativa de alcance restringido.
El regreso del peaje como mecanismo de financiamiento
El instrumento elegido por la Nación es la concesión de obra pública por peaje. Esto supone convocar al capital privado para financiar, ejecutar y operar mejoras viales durante plazos prolongados.
Puede ser una herramienta válida en determinados contextos, pero conviene señalar su consecuencia principal: las obras no se financian con presupuesto nacional, sino con el aporte futuro de los usuarios.
Es decir, la mejora eventual de la infraestructura recaería sobre quienes circulan, transportan o producen, mientras el Estado nacional reduce su participación directa en una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde.
Una experiencia santafesina que aconseja prudencia
Santa Fe ya atravesó experiencias similares. La transformación en autovía de la Ruta Nacional 19 implicó una fuerte participación provincial para resolver una necesidad estratégica. Sin embargo, ello derivó en acreencias significativas frente al Estado nacional.
La experiencia demuestra que cuando una provincia invierte recursos propios sobre infraestructura nacional sin un esquema institucional sólido y definitivo, los riesgos fiscales y patrimoniales son evidentes.
Por eso corresponde advertir que las soluciones de emergencia, aun bien intencionadas, no siempre resuelven de manera justa y duradera los problemas estructurales.
Federalismo real o traslado de responsabilidades
El debate de fondo excede a la A012. Lo que está en discusión es el modo en que se entiende el federalismo argentino.
Si la Nación retiene recursos relevantes —como los provenientes del impuesto a los combustibles, históricamente vinculados al financiamiento vial— pero transfiere a las provincias la carga de resolver rutas nacionales, entonces no estamos ante una descentralización genuina.
Estamos, más bien, frente a un desplazamiento de responsabilidades sin la correspondiente asignación de recursos.
El verdadero federalismo exige equilibrio entre competencias, financiamiento y autonomía. Cuando uno de esos elementos falta, el sistema se distorsiona.
Qué hubiera sido razonable
Una alternativa más consistente habría sido ejecutar desde la Nación las obras urgentes requeridas en la A012, o bien avanzar en una transferencia plena y clara de esa traza estratégica a la provincia de Santa Fe, acompañada por los instrumentos jurídicos y financieros correspondientes.
Eso habría permitido integrar la ruta al sistema logístico provincial, planificar inversiones de largo plazo y establecer mecanismos transparentes de recuperación de costos. También habría evitado superposiciones, incertidumbres administrativas y conflictos futuros.
Una conclusión necesaria
La provincia actuó correctamente al reclamar una solución para una ruta vital. El problema no es el pedido santafesino, sino la respuesta recibida.
Del análisis del Decreto 253/26 surge que Santa Fe tiene poco para celebrar. La Nación no resuelve directamente el problema, no transfiere plenamente la ruta y no asigna recursos específicos. En cambio, habilita un mecanismo por el cual otros deberán hacerse cargo.
Mientras tanto, los usuarios de la A012 seguirán esperando mejoras indispensables para la producción, la seguridad vial y la competitividad regional.