jueves, 13 agosto, 2026
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Familiares de víctimas de fentanilo contaminado recordaron la tragedia y pidieron justicia en Rosario

La Comunidad de Familias Fentanilo Rosario convocó un acto en el Centro Cultural Fontanarrosa para exigir avances en la causa judicial y mantener viva la memoria de las víctimas.

La convocatoria fue organizada por la Comunidad de Familias Fentanilo Rosario y comenzó pasadas las 18.30 en el entrepiso del Fontanarrosa, en San Martín 1080. El encuentro buscó reunir a los familiares de víctimas en esta fecha que es considerada «bisagra» para ellos: fue el momento exacto en que las sospechas más terribles cobraron un sentido y se hicieron realidad.

«Esta fecha es un día bisagra para la comunidad fentanilo porque fue cuando la Anmat dispuso la prohibición de los lotes. Para nosotros marcó un antes y un después y queremos realizar un acto acá o donde sea cada 13 de mayo», explicó a La Capital Estefanía Ferrari, hija de Luis, muerto por fentanilo contaminado.

En relación al proceso judicial, Estefanía aseguró que «viene lento» pero se tiene en consideración la «complejidad de la causa». «Estamos expectantes a ver si se termina esta instancia preparatoria de recabar toda la información necesaria para que se haga juicio en algún momento», apuntó.

Además, tanto ella como los otros integrantes de la comunidad sostienen que hay una serie de irregularidades que «van quedando a la vista» y los mantienen alerta. «Hay familias que quedaron excluidas de la causa porque les dieron historias clínicas manuscritas incompletas o directamente ilegibles».

Estefanía sostiene con firmeza una idea: la desgracia y la tragedia les pasó a ellos pero le podría haber pasado a cualquiera. «Nosotros tuvimos que vivir esto, otros tuvieron suerte. Pero le podría haber pasado a cualquiera», dijo cuando subió al escenario durante el acto.

Alrededor de 80 personas estuvieron presentes en el entrepiso del Fontanarrosa para mantener viva la memoria y exigir justicia. La mayoría de los presentes eran familiares de víctimas que se mostraban con carteles y remeras blancas que afirmaban: «La salud no es un negocio».

Después de realizar un minuto de silencio, un video con la historia y cronología del año transcurrido fue proyectado. En el público, algunos familiares no pudieron contener las lágrimas. Después distintos familiares fueron tomando la palabra.

Ivana Esteban, hija de una de las víctimas, fue la primera en hablar. «Nosotros realizamos este encuentro sin banderas políticas. Entendemos que esto no le pasó a una persona, nos pasó a todos. Esto fue una ruleta rusa y nos tocó. Pero no puede volver a pasar. La salud es un derecho, no un negocio, no es un privilegio», afirmó.

«Les pido a todos que nos sigan, que nos acompañen. Nosotros, pese a que nos cerraron puertas y nos trataron con indiferencia, seguimos dando batalla. Cada 13 de mayo nos encontrarán en algún lugar de Rosario», apuntó.

Con la voz entrecortada, Ivana recordó a su madre: «A título personal quiero hacer un homenaje a mi madre, fue una mujer ejemplar, íntegra, guerrera de la vida y nunca la tuvo fácil. Ella me enseñó a no quedarme callada frente a las injusticias. Por eso siempre estaré ahí donde haya una injusticia», sostuvo emocionada.

El 13 de mayo de 2025 la Anmat emitió un alerta para que no se utilice en todo el territorio nacional el lote 31.202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma. Rosario concentra 49 de las 59 víctimas registradas en Santa Fe.

El caso tiene como eje al laboratorio HLB Pharma y a Laboratorios Ramallo, señalados por la fabricación y distribución de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias peligrosas que derivaron en infecciones graves, neumonías y muertes en hospitales de distintos puntos del país.

Según la investigación que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, ya son 114 los fallecimientos atribuidos al fentanilo contaminado y 49 sobrevivientes quedaron con secuelas. La causa ya tiene 13 imputados procesados por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

La segunda etapa de la causa también apunta hacia los organismos nacionales de control sanitario, especialmente la Anmat y el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), cuestionados por posibles fallas en inspecciones y controles previos.

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