miércoles, 13 mayo, 2026
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Imputan a directivos de una clínica de Pergamino por facturar servicios al PAMI que nunca se realizaron

La Fiscalía Federal de San Nicolás imputó al presidente, al director y a un médico de la Clínica Centro SA por defraudar al PAMI con 191 órdenes médicas falsas. El perjuicio económico asciende a más de 3,2 millones de pesos.

La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, formalizó la imputación al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de Pergamino por defraudar al Estado Nacional mediante la facturación de 191 órdenes de consultas y prácticas médicas prescriptas a 28 afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que nunca recibieron las prestaciones.

Las maniobras fueron detectadas entre abril y diciembre de 2024, aunque la investigación sugiere que podrían haber sido de mayor magnitud. El juez de garantías ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada imputado y la prohibición de salir del país por 90 días.

Ante el magistrado federal Carlos Villafuerte Ruzzo, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación penal contra el presidente y el director médico de Clínica Centro SA de Pergamino como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública. Al médico se lo consideró partícipe necesario del mismo delito.

El caso se inició a partir de la presentación de una paciente ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. A los dos primeros se les atribuyó haber validado y facturado 191 Órdenes Médicas Electrónicas (OMES) —de consultas y prácticas— que no se realizaron en la institución entre abril y diciembre de 2024.

Al médico se le imputó una colaboración necesaria, ya que habría emitido 110 OMES que no se realizaron y que fueron cobradas por la clínica, donde se desempeñaba como responsable del Área de Internación al menos hasta noviembre de 2025.

Según las evidencias reunidas, las maniobras provocaron un perjuicio económico al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) de al menos 1.644.662,37 pesos que, actualizado por PAMI a noviembre de 2025, ascendía a 3.242.369,02 pesos.

Tras la exposición de la fiscalía, el juez Villafuerte Ruzzo dio por formalizada la investigación y otorgó un plazo de 90 días para profundizar la pesquisa. Según indicó el fiscal Di Lello, los directivos se valieron de OMES emitidas por diferentes médicos de Pergamino, utilizando datos de afiliados de PAMI que no se atendieron con ellos, no tenían las patologías indicadas y nunca asistieron a la Clínica Centro, ubicada en Pueyrredón 840 de Pergamino.

Para concretar el fraude y confirmar falsamente que el afiliado había concurrido al lugar, utilizaban su número de DNI y de trámite. Luego transmitían las órdenes médicas para el cobro desde el usuario de la clínica a través del sistema informático oficial de PAMI.

La fiscalía señaló que las OMES cobradas fueron contrastadas mediante llamados telefónicos de la UFI PAMI a los afiliados. A partir de entrevistas, análisis de IP, tareas de campo y un allanamiento de la Policía Federal Argentina (PFA), se corroboró que las prácticas y consultas médicas no existieron, pero fueron cobradas por la clínica.

El legajo penal incorporó un informe de auditoría realizada por PAMI a la Clínica Centro el 26 de agosto de 2024, que concluyó que las posibilidades de brindar las prestaciones convenidas se veían seriamente afectadas por el incumplimiento de la documentación formal, la falta de personal profesional y no profesional, y la falta de recursos y equipamiento en los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento.

Al allanar la clínica, no se hallaron historias clínicas de los pacientes, exigidas por PAMI y por la ley. Muchos pacientes indicaron que no asistían a ese centro por la mala atención y optaban por atenderse en el hospital público. Para el fiscal, esto evidenciaba que las prácticas adjudicadas a la clínica no existieron y fueron transmitidas falsamente.

El caso se inició en marzo de 2025 a raíz de un correo electrónico enviado por una afiliada a la UFI PAMI, en el que denunció que le figuraban diversos estudios en su historial de la aplicación de PAMI ordenados por su médico de cabecera, pero que nunca se había realizado, y mucho menos en la Clínica Centro SA. Adjuntó capturas de pantalla donde figuraban al menos seis órdenes médicas confeccionadas en septiembre de 2024.

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