El gobierno provincial presentó un proyecto de ley para crear un fideicomiso que financie obras en los accesos a los puertos del cordón agroexportador, con un aporte de 1,5 dólares por tonelada de granos. La iniciativa genera debate entre sectores políticos y productivos.
El gobierno de Santa Fe avanza en un proyecto de ley para crear un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura en los accesos a los puertos del cordón agroexportador. La iniciativa, que cuenta con respaldo de entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, propone cobrar un aporte de 1,5 dólares por tonelada a los camiones que ingresen con granos a las terminales portuarias.
La discusión ya comenzó a generar fuertes cruces políticos y sectoriales. Mientras desde la gestión provincial aseguran que se trata de una herramienta necesaria ante el abandono de la obra pública por parte del gobierno nacional, sectores libertarios y entidades rurales cuestionan la medida y advierten que implicará una nueva carga para la producción.
Actualmente, distintos municipios de la región ya cobran tasas vinculadas al ingreso de camiones a playas y puertos, aunque desde la Provincia sostienen que esos recursos terminan en rentas generales y no se traducen en mejoras concretas para caminos y accesos, muchos de los cuales presentan un fuerte deterioro. El esquema que impulsa el Ejecutivo provincial contempla que de los 1,5 dólares por tonelada, 40 centavos queden para los municipios involucrados y 1,10 dólares se destinen directamente al fideicomiso para ejecutar obras viales y de infraestructura logística.
Desde la Casa Gris remarcan que el sector agropecuario no paga Ingresos Brutos en territorio santafesino y destacan que la Provincia ya destinó más de 500 millones de dólares a obras de rutas. Por eso, consideran razonable pedir un aporte específico para sostener y mejorar “la puerta de salida de la producción al mundo”.
El secretario de Coordinación del Gobierno provincial, Cristian Cunha, defendió la iniciativa y aseguró que el aporte “ya existe”, aunque hoy no tiene un destino específico para infraestructura. Según el funcionario, el fideicomiso contempla una figura fuera del Estado para que ningún gobierno pueda tomar esa caja. Agregó que la medida busca un aporte del sector para arreglar las rutas que usa, pero que ese aporte lo administre el sector privado, el estado provincial y los municipios. Además, explicó que quienes afrontarán el pago serán las exportadoras y no los transportistas. “Van a pagar las exportadoras, no los camioneros. Ellas traen su materia prima a los puertos”, afirmó. Cunha también lanzó una chicana hacia la administración nacional al señalar: “Ojalá algo del impuesto a los combustibles o de las retenciones vaya al fideicomiso”, en relación a dos tributos que se le cobran a la producción, van a la caja nacional pero no implican ninguna retribución.
Sin embargo, el proyecto ya encontró resistencia en entidades del campo. Desde Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina cuestionaron la propuesta y advirtieron que el costo terminará trasladándose a los productores. El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, sostuvo: “Ese dólar y medio va a ir directamente al productor, los que vamos a pagar esos gastos somos los productores”.
El debate también promete trasladarse al plano político. Desde el oficialismo santafesino argumentan que la iniciativa surge como respuesta al retiro del Estado nacional del financiamiento de obras estratégicas y al freno en partidas para mantenimiento vial. En cambio, dirigentes libertarios ya comenzaron a cuestionar la propuesta por entender que implica sumar presión tributaria sobre el sector productivo, en sintonía con el discurso de baja de impuestos que impulsa el gobierno nacional. Así, el fideicomiso para los accesos portuarios empieza a perfilarse como un nuevo foco de tensión entre la Provincia y sectores alineados con Javier Milei, en medio de la discusión sobre quién debe financiar la infraestructura clave para el principal complejo exportador del país.