La fiscal de menores Ana Laura Gioria imputó a dos estudiantes por amenazas de atentado en una escuela de Llambi Campbell. Es la primera vez que se imputa penalmente a adolescentes por este tipo de hechos tras el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.
La fiscal de menores Ana Laura Gioria imputó a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas de atentados en una escuela de Llambi Campbell, localidad ubicada a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Esta decisión marca un punto de inflexión: se trata de los primeros adolescentes imputados penalmente en la provincia de Santa Fe por este tipo de hechos tras el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.
Tras el fatal ataque a tiros, las falsas amenazas de ataques en escuelas se reprodujeron a gran escala en toda la provincia. El secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, advirtió que la situación en los establecimientos educativos viene escalando de la mano de una «viralización negativa» de las pintadas en baños, mensajes de Whatsapp y publicaciones en redes sociales.
En ese marco, el gobierno de Santa Fe creó un protocolo para endurecer la respuesta ante estas «bromas» que, en realidad, son delitos. Anticipó procesos legales para los estudiantes y, en caso de ser menores, para los adultos responsables. Además, marcó que los responsables deberían abonar los costos de los operativos de seguridad derivados de las falsas amenazas, estimados en unos 5 millones de pesos.
En cuanto al caso de los dos adolescentes, la audiencia se realizó en los tribunales de Esperanza, donde los acusados, identificados como J.O. y Yamil Alexander G. —este último mayor de edad—, fueron imputados por los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal. Tras la imputación, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, que ya fueron comunicadas a las autoridades del establecimiento educativo. En paralelo, la investigación avanza sobre un tercer involucrado, un menor de 15 años.
De acuerdo a fuentes cercanas al caso, los adolescentes fueron identificados a partir de una nota encontrada en el baño de la escuela de Llambi Campbell, donde se advertía: “Devuelvan los celulares o tiroteo”. La principal hipótesis sostiene que el mensaje estaría relacionado con la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de la institución.
Este caso marca un punto de inflexión en la respuesta judicial frente a las amenazas en escuelas santafesinas. Se trata de los primeros adolescentes imputados penalmente desde el trágico episodio ocurrido en San Cristóbal, que terminó con la muerte del estudiante Ian Cabrera y generó un fuerte impacto en toda la provincia. Desde entonces, las escuelas de Santa Fe atraviesan un clima de alta tensión, con múltiples amenazas y operativos de seguridad. En menos de una semana, el gobierno provincial registró más de 150 alertas vinculadas a posibles ataques, y ya logró identificar a siete personas responsables de este tipo de intimidaciones.
En este contexto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe avanzó con un nuevo protocolo para cobrar los costos de los operativos desplegados ante amenazas falsas. El ministro Pablo Cococcioni explicó que un procedimiento básico tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, desde la activación del 911 hasta la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La resolución 1.201/26 establece un sistema de intimación extrajudicial para recuperar esos gastos, con el objetivo de desalentar las amenazas y garantizar la eficiencia en la respuesta estatal.
El avance de esta causa, con los primeros adolescentes imputados tras el caso Ian Cabrera, refleja un endurecimiento en la actuación judicial frente a hechos que generan alarma social, afectan el normal funcionamiento de las escuelas y demandan un alto despliegue de recursos públicos.