La fiscalía solicitó prisión perpetua para los once acusados de los crímenes de marzo de 2024, en un caso que marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del gobierno provincial. El proceso judicial transcurre en un contexto de relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
El juicio por los asesinatos de dos taxistas, un colectivero y un playero, ocurridos entre el 5 y el 9 de marzo de 2024 -conocido como la «semana trágica»- avanza en sus audiencias preliminares. La fiscalía ha solicitado prisión perpetua para los once acusados. Los hechos, que paralizaron a la ciudad de Rosario, habrían sido una represalia por el endurecimiento de las condiciones de detención de presos de alto perfil.
Desde el gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, se observa con expectativa el desarrollo del proceso. Analistas políticos señalan que una condena en los términos pedidos por la fiscalía podría reforzar la narrativa oficial sobre la política de seguridad implementada tras aquellos crímenes, la cual se presentó como una respuesta contundente.
Este caso judicial se enmarca en una relación compleja entre el Poder Ejecutivo provincial y el sistema de justicia. Por un lado, el gobierno destaca la coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), una articulación que incluso quedó plasmada en la reforma constitucional santafesina. Por otro, existen tensiones históricas, como la discusión salarial del sector judicial, y reclamos por la cobertura de vacantes en los tribunales.
Recientemente, durante las XII Jornadas Institucionales de la Junta Federal de Cortes realizadas en Santa Fe, se abordaron temas como la independencia judicial. La representante de la CIDH, Andrea Pochak, expuso sobre estándares para protegerla, mencionando desafíos comunes en la región relacionados con remuneraciones, procesos de selección y recursos.
El desenlace del juicio por la semana trágica se presenta, así, como un evento significativo no solo para las víctimas y el sistema penal, sino también en el escenario político provincial, donde la seguridad es un pilar de la gestión actual.