La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió datos a la Secretaría General de la Presidencia sobre el traslado aéreo oficial. En paralelo, la justicia federal indaga el patrimonio del vocero presidencial.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó formalmente información a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, en el marco de una investigación administrativa sobre el viaje oficial a Nueva York. El expediente, abierto hace más de veinte días por el fiscal general Sergio Rodríguez, busca determinar si existieron irregularidades en el vuelo presidencial que trasladó al presidente Javier Milei a la Argentina Week, en el que también viajó Bettina Angeletti, esposa del vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La PIA, competente en posibles delitos cometidos por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, pidió la nómina completa de pasajeros, costos y datos operativos del traslado. El organismo aclaró que el expediente se encuentra en etapa de recolección de pruebas y que, tras verificarlas, se analizará si las acciones podrían encuadrar en algún delito.
En paralelo, la justicia federal mantiene abierta otra investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, sobre Manuel Adorni. Esta causa indaga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a 17 viajes y la compra de tres propiedades. Según registros incorporados a la causa, Adorni y su pareja volvieron de Nueva York en marzo de 2026 en un vuelo comercial, con pasajes de primera clase costeados por el Estado en el caso del funcionario y, según explicó la Casa Rosada, abonados por él mismo en el caso de Angeletti.
La fiscalía busca cotejar estos gastos con los ingresos declarados por el funcionario y su pareja, quien es titular de una consultora. El análisis se extiende a otros viajes, como uno en avión privado a Punta del Este y un traslado familiar a Aruba, así como a la adquisición de una casa en un country y dos departamentos, operaciones que en conjunto alcanzaron los 350 mil dólares.
La causa judicial se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien alegó un «desproporcionado incremento patrimonial». Desde el Gobierno rechazaron las acusaciones y señalaron que todo quedará aclarado con la presentación de las declaraciones juradas correspondientes.