Un hombre de 30 años fue detenido y se le dictó prisión preventiva. Está acusado de captar mujeres jóvenes a través de redes sociales, filmar encuentros sexuales y comercializar el material, engañándolas sobre la difusión del contenido.
Un rosarino de 30 años, identificado por sus iniciales GGN, fue imputado y se le dictó prisión preventiva por 90 días en el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual a través de plataformas digitales. La causa es llevada adelante por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Fiscalía Federal de Rosario, con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Según la investigación, el acusado habría captado mujeres jóvenes, en su mayoría de entre 18 y 20 años y de distintas provincias, a través de redes sociales como Instagram. Les ofrecía dinero a cambio de grabar videos de contenido sexual con la promesa de que el material solo se difundiría en el extranjero. Luego coordinaba encuentros en hoteles o departamentos temporarios para realizar las filmaciones.
El material era editado, subido y comercializado en plataformas digitales de alcance global, sin restricción territorial, lo que permitía su visualización también en Argentina. El sospechoso se encargaba además de la promoción de los contenidos.
GGN estaba formalmente imputado desde julio de 2024 por los casos de tres víctimas, tras lo cual quedó en libertad bajo una caución. Sin embargo, la investigación continuó y se detectó que habría seguido operando con nuevos perfiles, identificándose a otras cinco víctimas. Ante estos nuevos hechos, fue detenido el 25 de marzo y la fiscalía solicitó su prisión preventiva, que fue concedida por el juez federal Carlos Vera Barros.
El imputado enfrenta cargos por ocho hechos de «trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de captación y acogimiento», agravados, y también se lo investiga por promoción y facilitación de la prostitución ajena. La pena prevista para el delito principal es de entre ocho y doce años de prisión.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima a la línea 145 del Ministerio de Justicia de la Nación. Las víctimas declararon haber sido engañadas y que la posterior viralización del material les generó angustia y problemas de salud psicológica.