Ricardo «Caíto» Leconte, del monobloque La Libertad Avanza, propuso modificar la Ley de Administración Financiera a fin de garantizar que el Poder Legislativo se pronuncie de forma expresa sobre la ejecución presupuestaria. Con esta iniciativa, el Diputado provincial apunta a la eliminación de plano de un mecanismo parlamentario consistente en la validación de recursos debido al mero transcurso del tiempo.
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El diputado provincial Ricardo «Caíto» Leconte, representante del monobloque de La Libertad Avanza (LLA), presentó formalmente un proyecto de ley mediante el cual busca transformar de manera profunda el control de los recursos públicos en Corrientes.
La propuesta apunta a la modificación del artículo 90 de la Ley Nº 5.571 de Administración Financiera, con el objetivo primordial de eliminar el instituto de lo que consideró como una «aprobación ficta» o automática de las Cuentas de Inversión.
Según el legislador, el mecanismo actual, que permite la validación de los gastos estatales por el solo paso del tiempo sin tratamiento parlamentario, desvirtúa las facultades de contralor que la Constitución provincial otorga a la Legislatura.
En cuanto al mecanismo parlamentario, la iniciativa fue presentada mediante el expediente 19.677 que, al igual que los demás expedientes ingresados en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados efectuada el miércoles último, fue girado a comisión para iniciar su análisis legislativo.
LOS FUNDAMENTOS
Al fundamentar la necesidad de este cambio normativo, Leconte subrayó que la modificación propuesta no sólo reafirma una atribución esencial del Poder Legislativo, referida al control político del uso de los recursos públicos, sino que también «fortalece la legitimidad y el respaldo institucional de la gestión del Poder Ejecutivo».
En su presentación, el Diputado hizo hincapié en que la normativa vigente introduce un esquema de aprobación automática que, en la práctica, vacía de contenido real esa atribución constitucional.
En ese sentido, el proyecto sostiene que «la evaluación final del gasto corresponde exclusivamente a los representantes del pueblo, quienes deben pronunciarse de manera clara y sin sustituciones automáticas».
EQUILIBRIO DE PODERES
Respecto de la estructura del sistema republicano, el texto de la iniciativa recuerda que la Constitución de Corrientes, en su artículo 118 inciso 8, «confiere expresamente a la Legislatura la facultad de aprobar, observar o desechar las rendiciones enviadas por el Ejecutivo».
Así, se considera que el control del gasto no debe ser interpretado como un simple formalismo administrativo, sino como una garantía institucional para el ciudadano y el contribuyente.
Al profundizar en los argumentos, el legislador señaló que «cada peso administrado por el Estado proviene del esfuerzo privado y, por lo tanto, su uso debe estar sometido a una verificación pública rigurosa y a un debate que implique responsabilidad política».
Con respecto a las implicancias de la aprobación tácita, en el proyecto se advirtió que extrapolar este mecanismo a las funciones esenciales de los poderes públicos debilita la división de poderes y neutraliza el control parlamentario.
En ese sentido, Leconte afirmó que «aceptar que una cuenta quede validada por falta de tratamiento implica legitimar la inercia, la omisión y la evasión de responsabilidades».
Para el Diputado, el presupuesto votado es la autorización para gastar, pero la Cuenta de Inversión es la rendición de cómo se ejecutó ese dinero; razón por la cual, «sin un control efectivo de esa rendición, el presupuesto pierde su sentido republicano».
Auditoría
La Ley 5.571 es el marco regulatorio que rige la administración financiera y los sistemas de control del sector público provincial. Actualmente, el Tribunal de Cuentas cumple una función técnica de auditoría externa, pero, según arguyó el Diputado libertario en el proyecto presentado, «carece de potestad política» para dar por cerrada la gestión financiera de un ejercicio.
Así, a través de esta propuesta legislativa, «Caíto» Leconte busca reafirmar que el dictamen técnico es un insumo, pero que no por ello puede ejercer como reemplazo de la voluntad legislativa.
En qué consiste la reforma propuesta
El núcleo de la reforma propuesta establece una nueva redacción para el artículo 90 de la Ley 5.571. En el nuevo esquema presentado, una comisión de la Legislatura, integrada por dos senadores y tres diputados, tendrá a su cargo el examen de la Cuenta de Inversión y deberá expedirse antes del 15 de septiembre de cada año. En caso de que la comisión no lo hiciere, el cuerpo legislativo tomará como despacho el informe técnico del Tribunal de Cuentas para proceder a su pronunciamiento final.
Sin embargo, la diferencia sustancial radica en lo que sucede si se clausura el período ordinario sin una definición. El proyecto de Leconte estipula taxativamente que, si no existiere pronunciamiento, la Cuenta de Inversión no se considerará aprobada. Por el contrario, se mantendrá pendiente de tratamiento hasta que la Legislatura emita una resolución expresa, ya sea aprobándola u observándola de manera total o parcial. La iniciativa es tajante al definir que, en ningún caso, la falta de tratamiento legislativo producirá aprobación automática ni efecto jurídico alguno que convalide el gasto de forma silenciosa.
TRANSPARENCIA
Al referirse a esta dinámica, el autor del proyecto destacó que no se trata de obstaculizar la gestión ni de generar burocracia, sino de «asegurar que la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno sean la regla y no la excepción» en la administración pública provincial.