La Causa Andis tuvo una novedad explosiva. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 ex funcionarios y empresarios que quedaron formalmente acusados de integrar una asociación ilícita que operaba dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para direccionar compras millonarias de medicamentos e insumos de alto costo. Todo quedó escrito en una resolución judicial de más de 300 páginas a la que accedió NOTICIAS.
Los delitos imputados fueron defraudación agravada contra la administración pública, negociaciones incompatibles y cohecho, según el rol atribuido a cada uno. En el centro del expediente está el manejo del Programa Federal Incluir Salud y, dentro de él, las prestaciones PACBI: medicamentos y dispositivos de altísimo costo destinados a personas con discapacidad, madres de siete hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza, todos sin otra cobertura médica.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS funcionó como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”. El esquema consistía en montar compulsas “especiales”, paralelas a los mecanismos ordinarios de contratación, e invitar de manera sistemática a un grupo reducido de droguerías: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
En 21 contrataciones “acotadas” analizadas por el juez se emitieron órdenes de compra por más de 30.300 millones de pesos. Más del 93% fue adjudicado a dos de esas cuatro empresas antes mencionadas. En una muestra de 11 medicamentos de alta complejidad, el sobreprecio calculado asciende a casi 6.000 millones de pesos.
Protagonistas. En la cúspide de la estructura. el juez ubicó a cuatro presuntos jefes de la asociación ilícita: Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS; Daniel Garbellini, su segundo; y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Según el fallo, coordinaban el direccionamiento de las compras y el circuito de pagos.
Por debajo aparecen funcionarios de segunda línea —entre ellos Diego D’Giano, Roger Grant, Lorena Di Giorno y otros— que, siempre según la resolución, ejecutaban las decisiones administrativas necesarias para concretar las contrataciones. También fueron procesados dueños y socios de las droguerías beneficiadas.
El procesamiento no incluyó prisión preventiva, pero sí embargos que en el caso de los cuatro señalados como organizadores superan los 200 mil millones de pesos cada uno. Es una cifra que busca cubrir el presunto daño, multas y eventuales decomisos.
La causa se inició el 20 de agosto de 2025 a partir de una denuncia que citaba audios y publicaciones periodísticas sobre supuestos pagos indebidos y porcentajes destinados a figuras políticas. A partir de ahí el fiscal impulsó allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes contables y extracción forense de dispositivos electrónicos.
El expediente reúne mensajes recuperados, transferencias bancarias, pagos en efectivo y gastos en especies que, para el juez, no se corresponden con los ingresos formales de algunos imputados. Esa acumulación de prueba es la base sobre la que se dictaron los procesamientos.
Los hechos investigados se concentran, además de la estructura de la ANDIS y el Programa Incluir Salud, en el sistema informático SIIPFIS que aparece en la causa como la herramienta central para canalizar las compulsas especiales y a la que tenían acceso los investigados.
En paralelo, el Poder Ejecutivo modificó la estructura institucional: la ANDIS perdió autarquía y fue transformada en secretaría bajo el Ministerio de Salud. No forma parte de la acusación penal, pero sí del contexto en el que se dictan estos procesamientos. El Gobierno, mientras se desarrollaba la investigación, intentó licuar la autonomía de la ANDIS.
Futuro. Las defensas discutirán la existencia de la asociación ilícita, el cálculo de los sobreprecios y la validez de parte de la prueba digital, en especial los audios que dieron origen al expediente. También podría ampliarse la investigación sobre menciones a otras figuras políticas que fueron mencionados al principio de la investigación como Martín Menem, “Lule” Menem y Karina Milei, aunque por ahora estos funcionarios no están imputados, a pesar de que el caso captó la atención pública por la mención sobre que había un 3% de sobreprecios que habría ido para la hermana del presidente.
El expediente tuvo una novedad adicional: Casanello era el juez subrogante y su subrogancia terminó esta semana. El caso ahora pasará a manos de Ariel Lijo. El cambio no es menor. Lijo no solo arrastra una historia propia en Comodoro Py, vínculos aceitados con la política y tiempos procesales diferentes. Fue además el candidato del Gobierno a la Corte Suprema y este caso es un expediente sensible. Será él quien deba resolver las apelaciones, confirmar o revisar procesamientos y decidir si la causa avanza a juicio oral. En tribunales ya leen el movimiento como algo más que un trámite administrativo y hasta se preguntan: ¿cómo quedó el vínculo con el Gobierno luego de la frustrada nominación a la Corte?
sábado, 14 febrero, 2026