Bajo una directriz directa del gobernador Juan Pablo Valdés, el ministro de Producción, Walter Chávez y el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente anunciaron la quita del gravamen para quienes siembren hasta 600 hectáreas. La medida, que beneficia a más de 30 productores, busca blindar la competitividad del sector en un escenario nacional marcado por la quita de subsidios y el encarecimiento de los costos operativos.
En una provincia donde el arroz es más que un cultivo -es un motor de identidad y empleo-, el Gobierno de Corrientes ha decidido jugar una carta fuerte en favor de la sostenibilidad. En una reunión clave entre el ministro Walter Chávez; el titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), Sebastián Perborell, y la Asociación de Plantadores de Arroz (APA), se oficializó la eliminación del canon de uso de agua para los productores que posean hasta 600 hectáreas sembradas.
La medida no es un detalle menor en la planilla de costos: el riego representa uno de los gastos más significativos en la estructura del cultivo de arroz. Según el administrador del Icaa, esta decisión es una «herramienta concreta» para aliviar la mochila económica de quienes generan el primer eslabón del empleo en el Interior.
DEFENDER EL «ORO BLANCO» CORRENTINO
Corrientes es, por lejos, la principal productora de arroz de la Argentina. Sin embargo, el sector viene golpeado por ciclos climáticos extremos y una presión impositiva que, en muchas ocasiones, empuja al pequeño productor a abandonar la actividad o a ser absorbido por grandes grupos corporativos.
Al fijar el techo en las 600 hectáreas, el Gobierno provincial envía un mensaje político claro: la prioridad es la supervivencia del «pequeño productor tradicional». No se trata sólo de una ayuda económica, sino de una política de arraigo para evitar la concentración de la tierra y garantizar que las localidades del Interior -donde el arroz es el principal sustento- mantengan su dinamismo.
EL CONTEXTO NACIONAL
A escala nacional, la medida se inserta en una coyuntura de altísima incertidumbre. Con la reconfiguración de las tarifas energéticas y la eliminación de diversos subsidios por parte del Gobierno central, las economías regionales del NEA están bajo la lupa.
Mientras que a escala país se discute la desregulación total, Corrientes opta por un intervencionismo estratégico: el Estado renuncia a una parte de su recaudación (el canon del Icaa) para que ese capital quede en manos del productor y se reinvierta en tecnología, así como en mano de obra. Es, en esencia, una respuesta local a la crisis de competitividad que afecta a las exportaciones argentinas.
Impacto y protagonistas
LOS BENEFICIARIOS
- Universo: productores con hasta 600 hectáreas sembradas.
- Alcance: más de 30 pequeños arroceros de distintos puntos de la provincia.
- Objetivo: reducción directa de costos operativos y fortalecimiento de la competitividad.
LAS VOCES DEL ACUERDO
- Gobierno: Walter Chávez (Ministro de Producción) y Sebastián Perborell (Icaa).
- Sector privado: Enrique Borsatto (presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz).