El Gobierno de Javier Milei avanzó con la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga, una decisión tomada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que se conoció en plena temporada alta de cruceros antárticos, cuando la terminal opera al límite de su capacidad. A esta altura, Ushuaia atraviesa una temporada récord, con más de 100.000 cruceristas y una agenda de arribos que se extiende hasta abril, con muelles en plena actividad y un flujo de barcos que parten y regresan desde la Antártida.
Según el organismo nacional, las inspecciones realizadas en los últimos meses detectaron irregularidades financieras, desvíos de fondos y un progresivo deterioro de la infraestructura portuaria, con consecuencias directas sobre la seguridad y la operatoria diaria. El cuadro, advirtieron, ponía en riesgo tanto a los trabajadores como a las embarcaciones que arriban a la ciudad más austral del país.
Automáticamente, la decisión nacional desató una reacción inmediata en Tierra del Fuego: el gobernador Gustavo Melella rechazó la intervención y cuestionó duramente sus fundamentos. A través de la red social X, sostuvo: «El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.
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El tono se endureció aún más desde la Dirección Provincial de Puertos, cuando su titular, Roberto Murcia, denunció que la intervención se apoya en “falsos pretextos técnicos” y la calificó como arbitraria y extorsiva. Al mismo tiempo, apuntó contra la resolución de la ANPyN por una contradicción central: primero suspende la habilitación de la terminal portuaria y luego deja sin efecto esa suspensión para no afectar la operatoria. Para el funcionario, esa secuencia revela que la amenaza de inhabilitación fue utilizada como mecanismo de presión para justificar la intervención.
Su resolución oficial, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención tendrá una duración de un año y será publicada este jueves en el Boletín Oficial, lo que le dará plena vigencia legal y habilitará de inmediato su aplicación efectiva.
Cómo una ley provincial y el uso del superávit del puerto derivaron en la intervención
El origen del conflicto se remonta a una denuncia sindical y sectorial contra la Ley provincial N° 1596. Aquella presentación fue impulsada por Juan Avellaneda, secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, y cuestiona la creación de un fondo destinado a cubrir la deuda de la obra social estatal OSEF mediante el uso del superávit del Puerto de Ushuaia. Para el sector denunciante, esa decisión desvió algunos recursos.
Seguido a la intervención, Avellaneda quedará al frente de la gestión operativa del puerto, bajo la supervisión de directores y gerentes designados por la agencia nacional, en un esquema que busca garantizar el control directo de la administración y el uso de los fondos.
A partir de la ANPyN detallaron además un panorama preocupante sobre el estado físico del puerto. Las inspecciones detectaron el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas visiblemente desgastadas, problemas estructurales en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. A esto se suman fallas en los procedimientos administrativos y financieros, y carencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.
También indicaron que esas irregularidades fueron comunicadas a la provincia junto con el reclamo de implementar un registro claro y transparente de ingresos, egresos y compras. Esa tarea, remarcaron, fue tercerizada a una empresa sin antecedentes en el sector portuario, habilitada para actividades comerciales ajenas al rubro, como la venta de paraguas, termos y pelucas, según los registros oficiales consultados por la agencia.
En esta misma línea, la agencia nacional también puso el foco en el uso del presupuesto. La normativa vigente establece que los fondos del puerto deben destinarse exclusivamente a inversiones dentro de la propia terminal. Sin embargo, se constató que un 33% del presupuesto fue utilizado para subsidios provinciales, mientras que apenas el 1,3% se volcó a obras y servicios destinados a mejorar la calidad operativa.
MV