En un hecho histórico para Entre Ríos, el gobierno anunció que se encuentra listo el instructivo de recategorizaciones para los trabajadores de la administración pública y confirmó que en marzo de 2026 enviará a la Legislatura la propuesta de creación del primer acuerdo colectivo del sector.
El acto tuvo lugar este martes en la Casa de Gobierno y los anuncios se realizaron de manera conjunta con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Durante la jornada se firmaron dos convenios fundamentales que marcan un punto de inflexión en la administración pública provincial y en las relaciones laborales del Estado.
Por un lado, se suscribió un convenio de cooperación en materia de capacitación, que reconoce formalmente a la UPCN como un actor clave en la formación de los trabajadores estatales y, por otro, se firmó el instructivo de recategorizaciones -resultado de un extenso proceso de diálogo, debates y consensos-, que beneficiará a más de 12.000 trabajadores del Escalafón General.
El instructivo establece un esquema claro y previsible de recategorizaciones dividido en tres etapas: marzo de 2026, agosto de 2026 y marzo de 2027. Además, incorpora un aspecto central: todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde el año 2022 serán reconocidas y tenidas en cuenta al momento de acceder a las reclasificaciones salariales, constituyendo un reconocimiento concreto al esfuerzo, la formación y la voluntad de superación de los trabajadores.
Este avance consolida una definición política clara del Gobierno provincial. “Durante años, los ascensos en el Estado estuvieron condicionados por afinidades personales o políticas. Hoy, ese modelo empieza a quedar atrás para dar lugar a reglas justas, objetivas y conocidas por todos”, afirmó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien participó del acto junto a su par de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
Allí, Troncoso remarcó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de “terminar con el ascenso a dedo y el amiguismo, y reemplazarlos por un sistema basado en el mérito, la capacitación y la transparencia”.
La capacitación se constituye así en un pilar del nuevo esquema. Las instancias formativas estarán certificadas por organismos como el Consejo General de Educación (CGE) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y el Estado provincial y el sindicato asumen un compromiso compartido: garantizar que ningún trabajador quede excluido por no haber tenido, en el pasado, acceso a instancias de formación. Por este motivo, el proceso se desarrolla en etapas y la oferta de capacitación se ampliará a todo el universo de empleados públicos, estén o no afiliados al gremio.
Además, se anunció que en marzo de 2026 el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura el proyecto para la creación del primer Convenio Colectivo de Trabajo de la administración pública entrerriana. Se tratará de un convenio moderno, acorde a las nuevas realidades laborales, que ordenará derechos y obligaciones, tal como ya ocurre en el ámbito nacional y en otras provincias.
Por su parte, José Allende resaltó: “Lo que hoy firmamos, tras más de un año y medio de trabajo, es el primer acuerdo con el gobierno provincial, a partir del compromiso del gobernador de que la capacitación y las reglas claras sean la base de las recategorizaciones”. Y agregó que “así se cumple la promesa de Frigerio de priorizar la capacitación, terminar con los nombramientos a dedo y reconocer al trabajador por su esfuerzo y desempeño”.