La fiscalía de Franco Picardi trabaja en la reconstrucción del posible circuito de sobornos que habría funcionado alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. El representante del Ministerio Público impulsó una serie de medidas cuando el expediente permanecía bajo secreto de sumario, para investigar la facturación de las personas involucradas en la posible maniobra de corrupción: compras, “vínculos y relaciones de las personas físicas y jurídicas”.
La causa penal transita casi un mes. Con el devenir de la investigación, se busca comprobar la autenticidad y la veracidad de los dichos de Diego Spagnuolo -ex titular de la ANDIS- grabados por un desconocido, en los cuales hacía mención a supuestos sobornos que habían subido «del 5% al 8%». En una serie de allanamientos a dos sedes de la ANDIS, la droguería y los domicilios del ex titular del organismo, de su segundo Daniel Garbellini y de los dueños de la Suizo Argentina -Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker-, el fiscal pidió para todos ellos el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Con las pruebas incorporadas durante los veinte días que rigió el secreto de sumario, el fiscal determinó que la investigación “se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre del 2023 a agosto del 2025”.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, “estos sucesos habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, y en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”.
Al respecto, parte de dicho esquema estaría dado por el rol que le cupo a Droguería Suizo Argentina, y a “otras droguerías” que habrían participado “en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios públicos del Gobierno Nacional”.
Picardi pidió la totalidad de la facturación de venta y compra emitida por Spagnuolo, Garbellini -su segundo en la ANDIS-, los Kovalivker y la droguería Suizo Argentina. En un formato excel, la fiscalía requirió la totalidad de los facturado, los montos y destinatario.
Junto con ello se pidió la confección de un informe en el cual se especifiquen el “vínculo y relaciones de las personas físicas y jurídicas y sus accionistas”.
A la Unidad de Información Financiera (UIF) se le pidió que informe si poseen algún Reporte de Operaciones Sospechosa (ROS), y si así fuera se solicitó un “informe societario de las personas físicas y jurídicas” que están bajo investigación en el caso por presunta corrupción.
La justicia busca realizar la trazabilidad de los pagos realizados por parte del organismo público a la empresa ahora sospechada de haber pagado presuntos sobornos para hacerse de contratos multimillonarios.
¿Cómo habría sido el circuito? Para la fiscalía surge a raíz de la “participación en procesos de compra o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios públicos”.
La denuncia que dio origen al expediente se sustentó en los audios tomaron estado público y apunta contra Javier Milei, Presidente de la Nación; Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación;Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
El texto judicializado sostiene: “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican».