La jueza de distrito de Nueva York Loretta Preska resolvió el 30 de junio pasado que las firmas Eton Park Capital Management y Burford Capital tienen derecho a las acciones de YPF que el Estado argentino le quitó al Grupo Petersen en 2012, es decir, al 51% de la petrolera, pero este jueves Argentina apeló al fallo.
El planteo de los abogados que representan la postura local en Estados Unidos es que el fallo de Preska fue negativo para el Estado argentino, pero positivo para YPF, que no tiene por qué ser aludida en esta parte del juicio, informó el sitio Ámbito Financiero.
Ese planteo fue realizado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York antes de que se cumplieran los 15 días de plazo, justamente como parte de la estrategia legal, para que lo resuelva un tribunal de alzada (segunda instancia), por encima de Preska.
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Lo que ocurre es que en su fallo la jueza concedió que los demás accionistas de YPF y sus autoridades no tuvieron rol en el mal manejo de la estatización del 51% en 2012, y en vez hizo foco en presuntas irregularidades por parte del Poder Ejecutivo (en ese entonces, a cargo de Cristina Kirchner) y del Legislativo, que aprobó la operación.
Eton Park Capital Management y Burford Capital son los llamados «fondos buitres», firmas que compran el derecho a litigar en un caso para lograr el pago de una deuda o indemnización, y adquirió el derecho legal a reclamar por el resarcimiento que le hubiese correspondido al Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa).
Pero el caso de Eton Park difiere del de Burford en que «incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal», según los abogados que representan a Argentina en el litigio en Nueva York.
En ese sentido, el gobierno estadounidense estaría atento al caso porque si avanza el reclamo de Eton Park significaría una jurisprudencia internacional peligrosa al efectuarse un embargo forzado sobre una empresa argentina, que dejaría la puerta abierta a que exista en el futuro algún tipo de reciprocidad.
Es decir, que la Argentina pueda demandar a los Estados Unidos para quedarse con una empresa o activo soberano y lo logre, lo que violaría las leyes federales de ese país.
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