Miami evalúa incorporar a su Policía al programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una estrategia federal que permite a los oficiales locales asumir funciones migratorias. Esta posibilidad genera incertidumbre en esta ciudad de Florida, donde más de la mitad de sus habitantes nació en el extranjero y más del 70% son hispanos, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU.
La Comisión de Miami planea votar este jueves la firma de un acuerdo 287(g), que autorizaría al Departamento de Policía de Miami (MPD, por sus siglas en inglés) a participar en tareas migratorias. Si el proyecto avanza, los agentes podrán interrogar y detener a personas sospechadas de infringir leyes migratorias durante operativos habituales.
El Modelo Task Force, del programa del 287(g), delega funciones migratorias en fuerzas locales de las instituciones que se adhieran. Su objetivo es apoyar las medidas de la administración de turno, en este caso de Donald Trump, contra la migración indocumentada. En palabras del ICE, se trata de un “multiplicador de fuerza”.
De acuerdo a la resolución oficial, sola los miembros del Departamento de Policía de Miami que sean nominados, capacitados, certificados y autorizados tendrían la autoridad para desempeñar funciones delegadas de oficiales migratorios. Siempre bajo la dirección y supervisión del ICE.
Si se concreta, Miami se transformaría en la ciudad más grande del condado de Miami-Dade en adoptar este tipo de colaboración con el ICE. Ya firmaron acuerdos similares otras jurisdicciones como:
De acuerdo al Miami Herald, la decisión podría posponerse para otra ocasión, aunque la votación está prevista para este jueves. En caso de aplazamiento, se debatirá en una reunión futura, según confirmaron autoridades.
La ley de Florida obliga a las agencias con cárceles de condado a participar en acuerdos 287(g). Sin embargo, no existe una exigencia legal para que lo hagan las policías municipales. A pesar de ello, el gobernador Ron DeSantis insistió en que los gobiernos locales deben adherir.
Desde la administración estatal señalan que el cumplimiento se enmarca dentro de la ley contra las ciudades santuario. Esta legislación impide a las autoridades locales restringir su cooperación con el gobierno federal en materia migratoria.
La vocera municipal Kenia Fallat afirmó que autoridades de Mimai podrán hacer declaraciones después de la reunión. Por su parte, desde la Policía informaron que el jefe Manuel Morales se encuentra fuera de Miami. Según el portavoz, él sería el único autorizado para hablar al respecto en público.
La falta de definiciones oficiales genera expectativas en un contexto de alta sensibilidad. Defensores de derechos y residentes del sur de Florida cuestionan la propuesta. En reuniones públicas advirtieron que la implementación del acuerdo podría debilitar la confianza en la Policía y afectar la seguridad comunitaria.
En esa misma línea, señalan que muchas personas evitarán contactar a las autoridades por temor a ser detenidas. Para estos sectores, el acuerdo podría derivar en menos denuncias y mayor vulnerabilidad frente al delito.
Florida es el estado con más convenios de este tipo en todo Estados Unidos. Hay más de 200 acuerdos activos, la mayoría bajo el Modelo Task Force, que había sido eliminado por el gobierno de Barack Obama en 2012 tras una investigación del Departamento de Justicia.
Al igual que temen algunos habitantes de Miami, dicho informe concluyó que este sistema del ICE generaba prácticas discriminatorias principalmente hacia personas latinas. Sin embargo, la Administración Trump restableció el programa este año, tras el regreso del líder republicano a la Casa Blanca.