La circulación de mercadería ingresada sin cumplir obligaciones aduaneras, impositivas y sanitarias afecta a las pymes. Según una encuesta de la UIA, el 59,7% de las empresas considera alto o muy alto el impacto de la competencia desleal y el contrabando. Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, detalla las modalidades actuales y las respuestas propuestas.
La circulación de mercadería que ingresa al país sin cumplir con las obligaciones aduaneras, impositivas y sanitarias afecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes), en un contexto de caída del consumo y apertura de importaciones. Según una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) realizada en septiembre sobre 628 empresas, el 59,7% considera que la competencia desleal y el contrabando tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad.
El fenómeno abarca sectores como indumentaria, calzado, electrónica, cosmética, juguetes, neumáticos, alimentos y bebidas, entre otros. Fabián Hryniewicz, referente empresario de Formosa y director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con casi 50 años de trabajo en la lucha contra el comercio ilegal, afirmó: «La ilegalidad está en todos los rubros y ha superado a la actividad formal».
Hryniewicz trabajó 15 años como funcionario de Aduana antes de incorporarse a la dirigencia empresarial. Sostuvo que el fenómeno cambió de escala desde 1977, cuando comenzó: «la mayor parte de la ilegalidad era el contrabando y productos robados, y eran cuestiones que se manejaban en el submundo». Agregó que la pandemia permitió que las organizaciones perfeccionaran sus mecanismos y encontraran nuevos caminos para eludir los controles.
Un informe de la consultora MAP LATAM de comienzos de noviembre estimó que durante 2026 el Estado dejaría de recaudar unos 2.855 millones de dólares por contrabando y subfacturación de importaciones. De ese total, 2.283 millones corresponderían al contrabando y 572 millones a la subfacturación. El estudio abarca 15 sectores de la economía y estima que estas prácticas también impiden la generación de unos 11.300 empleos formales.
Respecto de las modalidades de ingreso, Hryniewicz declaró: «Fronteras es todo el país». Explicó que aeropuertos, sistemas de envío por courier y plataformas digitales forman parte de los circuitos que requieren controles. Mencionó productos como celulares, televisores, electrodomésticos, indumentaria, calzado, neumáticos, repuestos, cosméticos, alimentos, bebidas, medicamentos y productos farmacéuticos. Sobre las compras internacionales, advirtió: «Entran por ese sistema, auditados con un escáner, y pasan porque se toman como prendas de vestir, etcétera. Pero después terminan compitiendo ilegalmente con el comercio formal».
El 26 de octubre, el Gobierno nacional anunció acuerdos con cámaras empresarias y plataformas de comercio electrónico para intercambiar información y detectar productos ingresados ilegalmente. Participan la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la Cámara de Importadores, AFARTE y la Asociación de Supermercados Unidos, además de Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar. En una primera etapa, los controles sobre las publicaciones de Mercado Libre se concentrarán en notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos. ARCA participará del cruce de información para detectar posibles irregularidades. Hryniewicz consideró que se trata de un paso positivo, aunque insuficiente, y cuestionó que los mecanismos basados en denuncias permiten actuar una vez que el producto ya fue comercializado. «Lo que nosotros pretendemos es que se diga: esta mercadería es de origen dudoso, no la podés ofrecer en el marketplace de mi plataforma», explicó.
El impacto del comercio ilegal también involucra la seguridad de los consumidores. Hryniewicz sostuvo que detrás de los precios muy bajos puede haber mercadería que no cumple con las condiciones sanitarias, técnicas o de calidad exigidas a la producción formal. Como ejemplo, mencionó la comercialización mayorista de zapatillas a precios inferiores a los del mercado formal, que pueden estar fabricadas con componentes químicos perjudiciales para la salud. También advirtió sobre las condiciones de almacenamiento y conservación de bebidas, alimentos e indumentaria que ingresan por circuitos ilegales. «La gente no compra lo que quiere, compra lo que puede, y dentro de lo que puede, va a lo económico», reconoció. Y agregó: «Nosotros pusimos mucho énfasis en no hacer un enfrentamiento de pobres contra pobres. Hay que buscar quiénes son los verdaderos financistas de toda esta situación y atacar al grande».
En el sector de agroquímicos, el relevamiento de MAP LATAM indicó que el contrabando representa alrededor del 15% del mercado. En octubre, Gendarmería desarticuló en Córdoba una estructura dedicada a la adulteración y comercialización de estas sustancias y secuestró más de 300 bidones con productos adulterados, además de insumos y etiquetas apócrifas, en un operativo valuado en más de 110 millones de pesos.
Hryniewicz describió un círculo de informalidad que alcanza a empresas que históricamente trabajaron en la economía formal: «Muchas pymes muy tradicionales llegan a un punto donde la situación se les torna insostenible y comienzan a cerrar. Luego de cerrar, buscan un local en una ubicación geográfica más económica, donde tengan menor necesidad de empleabilidad. Vuelven a abrir y, por una baja del consumo, no lo pueden sostener. Terminan en el garaje, vendiendo lo que les deje rentabilidad. ¿Y qué les deja rentabilidad? Lo que tiene un origen no trazable, que no es legal».
En Santa Fe, la provincia no cuenta con estadísticas recientes que permitan cuantificar el contrabando y su impacto específico sobre las pymes locales. Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la producción manufacturera provincial cayó un 1,9% interanual en agosto y acumuló una retracción del 3,3% durante los primeros ocho meses del año. La maquinaria agropecuaria fue uno de los sectores más afectados, con una caída interanual del 37,9% en agosto. FISFE señaló entre los factores que afectan a la industria el menor consumo privado, el comercio desleal, las elevadas importaciones de bienes finales y la presión de los costos. En Rosario, en septiembre, la Policía Federal realizó seis allanamientos y secuestró 4.844 productos de cosmética y cuidado personal presuntamente importados de manera ilegal, valuados en unos 140 millones de pesos.
Frente a este escenario, Hryniewicz planteó que el problema no se resuelve solamente con más operativos o con el trabajo de las fuerzas de seguridad, sino que requiere actualizar las herramientas legales y fortalecer las capacidades de control del Estado. Desde la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME impulsan una reforma integral del Código Aduanero, cambios en el régimen de comercio de las zonas fronterizas y una propuesta de Ley de Comercio Vecinal de Fronteras. El dirigente cuestionó la reducción de las facultades de fiscalización de los organismos aduaneros y consideró que las medidas de desregulación pueden facilitar el ingreso de mercadería sin los controles correspondientes. «Hay que trabajar sobre la prevención, no sobre el hecho consumado. Con el hecho consumado el daño ya está causado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir», explicó.
El próximo 17 de noviembre, CAME convocará a legisladores nacionales y funcionarios para presentar los avances de su trabajo, el mapa de la Argentina ilegal y propuestas de regulación para el comercio y las nuevas tecnologías. Hryniewicz también propuso que todos los productos cuenten con un mecanismo sencillo de identificación, como un código QR, que permita conocer quién los fabricó, cuál es su procedencia y si cumplen con las condiciones necesarias para su comercialización. «Muchas veces lo económico no es sinónimo de ilegalidad. Hay pymes que realmente venden barato, venden económico, y te dan una garantía de cómo está confeccionado o producido determinado producto. Busquemos a ellas», propuso. Y concluyó: «El comercio ilegal no genera expectativas de empleabilidad y prosperidad a futuro, salvo para los grandes actores. Aquel que hoy incursiona en la economía de la ilegalidad como una salida de rebusque o de supervivencia termina siendo un trabajador esclavo de ese sistema».