El tribunal internacional declaró la responsabilidad del Estado por la remoción del ex juez de la Corte Suprema en 2003 y ordenó indemnizaciones por 655.000 dólares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por la destitución de Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, quien fue removido de su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un juicio político desarrollado en el Congreso Nacional durante 2003.
En la sentencia del caso «Moliné O’Connor vs. Argentina», dictada el 20 de agosto de 2026 y notificada este jueves 12 de noviembre, el tribunal internacional concluyó que la remoción del magistrado vulneró la independencia judicial, al haberse fundado en los criterios jurídicos expresados en decisiones dictadas durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Moliné O’Connor murió mientras el proceso estaba en trámite. Falleció el 20 de agosto de 2014 en su casa, a los 76 años, a causa de una grave enfermedad.
El ex ministro integraba la Corte Suprema desde agosto de 1990 y fue destituido por el Senado el 3 de diciembre de 2003. El procedimiento se desarrolló en un contexto de cuestionamientos a la composición del máximo tribunal, luego de que el entonces presidente Néstor Kirchner solicitara públicamente al Congreso la remoción de los cinco jueces de la llamada «mayoría automática» menemista.
Sólo Moliné y Antonio Boggiano fueron destituidos. Los otros tres renunciaron antes. Eran Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López. Previamente había renunciado Gustavo Bossert, un prestigioso jurista que no estaba cuestionado, pero que reaccionó ante la embestida inicial contra todo el tribunal y fue reemplazado por Juan Carlos Maqueda.
A diferencia de Moliné, Boggiano quedó inhabilitado por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos. Fue removido por la misma causa Meller que justificó la destitución de su excolega y este fallo del tribunal internacional puede ser usado ahora en su favor.
Moliné O’Connor fue el primero de los cinco jueces en llegar a juicio. El 31 de julio de 2003 la Comisión de Juicio Político aprobó el dictamen acusatorio, por 16 votos a 1. La acusación sostenía que el fallo en el caso Meller comprometió indebidamente al Estado en el pago de casi 400 millones de pesos a ese grupo económico por deudas de la exEntel en la confección de las guías telefónicas.
El 20 de agosto quedó constituido el tribunal de senadores, que lo suspendió. El 3 de diciembre lo destituyeron por 45 votos contra 19. Se necesitaban 43 votos. La definición quedó en manos de los senadores peronistas Antonio Cafiero, Oscar Lamberto, Marcelo López Arias, Carlos Verna y Liliana Negre de Alonso. Fue la primera vez en 50 años que el Senado destituía a un juez de la Corte.
Los motivos
La acusación formulada por la Cámara de Diputados comprendió nueve cargos por supuesto «mal desempeño», vinculados con decisiones de la Corte Suprema en las causas «Meller S.A.», «Magariños» y «Macri». Sin embargo, la destitución se sustentó únicamente en dos de los cargos relacionados con el primero de esos expedientes.
En particular, se reprochó al magistrado haber contribuido, mediante su voto, a legitimar judicialmente un procedimiento administrativo considerado fraudulento y haber abdicado arbitrariamente de su responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad. Ambos cuestionamientos derivaron de la decisión de la Corte Suprema de no revisar un laudo arbitral impugnado por el Estado.
Discrecionalidad
Al examinar esas acusaciones, en un fallo de 172 páginas, la Corte IDH advirtió que el Congreso no había demostrado conductas ilícitas deliberadas ni negligencia inexcusable atribuibles al magistrado, sino que su destitución se fundó en el desacuerdo de los legisladores con la interpretación jurídica adoptada por la mayoría del máximo tribunal.
En ese sentido, recordó que la independencia judicial impide responsabilizar a los magistrados por los votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, salvo supuestos excepcionales de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o incompetencia comprobada.
El tribunal aclaró que el juicio político de magistrados no resulta, por sí mismo, contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero debe desarrollarse con respeto a las garantías del debido proceso y bajo criterios jurídicos que limiten la discrecionalidad política.
De lo contrario, podría convertirse en un mecanismo de interferencia de los otros poderes del Estado sobre la función judicial.
Debido proceso
La Corte Interamericana también examinó las garantías procesales observadas durante el juicio político. En particular, consideró que el Senado rechazó sin motivación suficiente distintas recusaciones formuladas contra legisladores y dispuso la suspensión preventiva del magistrado, sin goce de haberes, sin explicar adecuadamente las razones de esa medida ni ponderar su proporcionalidad.
A ello se sumó la falta de una revisión judicial efectiva de lo decidido por el Congreso. En junio de 2004, la Corte Suprema argentina desestimó la impugnación promovida contra la destitución, sin responder adecuadamente los cuestionamientos vinculados con la imparcialidad de los legisladores y con el verdadero fundamento de la remoción.
Sobre este punto, el tribunal interamericano estableció que los fundamentos de una destitución judicial deben poder ser revisados judicialmente cuando se denuncia una vulneración de la independencia judicial. Aclaró que ello no supone sustituir las valoraciones políticas propias del juicio político, sino controlar su compatibilidad con las garantías reconocidas por la Convención Americana.
Reparación
La sentencia también abordó las consecuencias previsionales de la destitución. El tribunal consideró que la revocación de la pensión vitalicia reconocida a Moliné O’Connor conforme a la Ley N.º 24.018 vulneró sus derechos a la seguridad social y a la propiedad privada.
Asimismo, constató una demora injustificada en el proceso judicial iniciado para cuestionar aquella decisión, que se prolongó durante más de una década.
En consecuencia, la Corte IDH declaró que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos, la propiedad privada, el trabajo y la seguridad social, reconocidos en los artículos 8.1, 25.1, 23.1.c), 21 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1.
También reconoció una afectación al proyecto de vida del ex magistrado, quien falleció en agosto de 2014.
En materia de reparaciones, el tribunal ordenó al Estado argentino pagar 600.000 dólares por daño material, en concepto de lucro cesante; 25.000 dólares por daño inmaterial; y 30.000 dólares por costas y gastos. Las indemnizaciones por daños deberán distribuirse entre la cónyuge y los hijos del ex juez, mientras que la suma correspondiente a costas y gastos se destinará a sus representantes.
Además, dispuso regularizar el régimen de pensión que correspondía a Moliné O’Connor, incluidos los eventuales derechos de sus beneficiarios, con efectos desde el 20 de agosto de 2014, fecha de su fallecimiento.
Por último, la Corte Interamericana estableció que las autoridades argentinas deben interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional, que contempla las causales de juicio político, de conformidad con los derechos al debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos reconocidos por la Convención Americana y los estándares desarrollados en su jurisprudencia.