El director de Análisis Criminal del gobierno provincial, Rolando Galfrascoli, trazó un balance de la política de persecución del narcotráfico y destacó los resultados de la desfederalización del narcomenudeo.
El director de Análisis Criminal de la provincia, Rolando Galfrascoli, aseguró que las organizaciones más poderosas que operaban en la capital provincial fueron desarticuladas mediante un plan de persecución penal coordinado con la Justicia Federal. Sin embargo, advirtió que todavía queda pendiente avanzar sobre las estructuras intermedias que transportan y distribuyen los estupefacientes.
En una entrevista con el programa Santa Fe Policiales, que se emite por CYD Litoral, sostuvo que fueron desarticuladas las diez organizaciones criminales más importantes que operaban en la capital provincial y planteó cuál es ahora el desafío: avanzar sobre las estructuras intermedias que transportan y distribuyen la droga.
El funcionario también advirtió sobre la captación de jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad por parte de las organizaciones criminales. Además, reclamó una mayor responsabilidad de los integrantes de las fuerzas de seguridad cuando aparecen involucrados en actividades delictivas y defendió las nuevas herramientas legales impulsadas por la administración provincial.
Una trama que todavía preocupa
Una de las primeras cuestiones abordadas durante la entrevista fue una investigación que involucró a una mujer que, pese a encontrarse bajo prisión domiciliaria por una causa de narcotráfico, habría vuelto a quedar vinculada con una operación de tráfico de estupefacientes de escala internacional.
Para Galfrascoli, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema que no puede considerarse resuelto con la detención o condena de los responsables. Según explicó, existen personas que, por el lugar que ocupan dentro de las organizaciones narcocriminales, mantienen vínculos difíciles de romper incluso después de haber sido alcanzadas por la Justicia.
El director de Análisis Criminal distinguió entre quienes ocupan los últimos eslabones de la cadena —como vendedores barriales o personas encargadas de atender puntos de expendio— y aquellos que forman parte de los niveles intermedios o superiores de las estructuras.
«Cuando encontrás personas que son parte de los eslabones intermedios o altos de la escala del narcotráfico, se dice que es muy difícil que una persona se pueda despegar de esos círculos criminales», señaló.
En ese sentido, consideró necesario mantener bajo observación las situaciones de quienes recuperan algún grado de libertad después de haber sido condenados por delitos vinculados con el narcotráfico. Aclaró, no obstante, que esa problemática plantea un desafío para las políticas de reinserción penitenciaria.
Diez bandas quedaron fuera de juego
Al evaluar el recorrido de la política de seguridad santafesina, Galfrascoli reivindicó el trabajo conjunto que, según afirmó, permitió desarticular las diez organizaciones narcocriminales más importantes que tenían asiento en la ciudad de Santa Fe.
El funcionario recordó que la iniciativa surgió durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, cuando Maximiliano Pullaro se desempeñaba como ministro de Seguridad. En aquella etapa, explicó, se elaboró un plan de persecución penal que fue presentado ante fiscales federales de Santa Fe y Rosario.
«Fuimos con el gobernador Maximiliano Pullaro con un plan que era erradicar las diez bandas narcocriminales más importantes que tenía la ciudad de Santa Fe», relató.
La estrategia contempló un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal. De acuerdo con Galfrascoli, el resultado fue contundente: «De esas diez bandas no queda ninguna».
El funcionario sostuvo que aquellas organizaciones tenían una capacidad económica y operativa comparable, e incluso en algunos casos superior, a la de estructuras más conocidas de Rosario. Sin embargo, explicó que habían conseguido desarrollar sus negocios con un perfil de violencia relativamente bajo, evitando llamar la atención y quedar expuestas a grandes investigaciones.
Como ejemplo de aquel proceso mencionó una de las últimas causas importantes, que culminó con el secuestro de más de 150 kilos de cocaína. Pese a esos resultados, reconoció que la violencia en los barrios continuaba, una situación que obligó a revisar las herramientas disponibles para enfrentar el fenómeno.
El eslabón decisivo
En ese diagnóstico apareció la desfederalización parcial de los delitos vinculados con estupefacientes, a partir de la ley provincial 14.239, sancionada en diciembre de 2023.
Galfrascoli consideró que la decisión fue acertada porque permitió que la provincia, a través del Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas de seguridad, pudiera intervenir directamente sobre el microtráfico, es decir, la comercialización de drogas en pequeña escala.
A su entender, existía una relación directa entre la venta de estupefacientes y buena parte de la violencia altamente lesiva que padecía Santa Fe. Las disputas por territorios y circuitos de comercialización alimentaban enfrentamientos armados, homicidios, tentativas de homicidio y ataques a tiros.
«Uno de los factores que puede ayudar a explicar la baja de la tasa de homicidios es el ataque al microtráfico», afirmó, aunque ubicó esa política dentro de un plan de seguridad más amplio que también incluyó la recuperación del control de las calles y de las cárceles.
Sin embargo, advirtió que la persecución de los vendedores barriales no alcanza para desarticular todo el negocio. Los últimos eslabones de la cadena son reemplazables y, mientras exista demanda y rentabilidad, siempre puede aparecer alguien dispuesto a ocupar esos lugares.
Por eso, planteó que el próximo paso debe apuntar a las estructuras que conectan el tráfico internacional o interprovincial con la distribución territorial. Se trata de organizaciones que transportan y distribuyen grandes cantidades de droga dentro de la provincia, pero que actualmente exceden la competencia provincial establecida para el microtráfico.
En ese punto destacó el proyecto impulsado por la exvicegobernadora Gisela Scaglia, con el acompañamiento del gobernador Pullaro y del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, que se encuentra en discusión en el Congreso nacional. La iniciativa busca ampliar las facultades de las provincias para investigar otros delitos contemplados en la ley nacional de estupefacientes.
El funcionario indicó que Santa Fe trabaja en ese sentido junto con Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro, para construir acuerdos que permitan avanzar hacia una nueva distribución de competencias.
Jóvenes, mujeres y policías en la mira
Otro de los aspectos que preocupan al área de Análisis Criminal es la captación de personas vulnerables por parte de las organizaciones narcocriminales. Galfrascoli describió como una práctica especialmente perversa la utilización de jóvenes, mujeres y personas sin trabajo para cubrir los puestos más expuestos de la actividad ilegal.
Se trata de quienes venden en búnkers, kioscos o mediante delivery, pero también de aquellos que cumplen funciones de vigilancia armada y participan de la violencia destinada a defender los territorios donde se desarrolla el negocio.
El funcionario puso especial atención en la creciente participación de mujeres dentro de las investigaciones por microtráfico. Según explicó, las organizaciones buscan aprovechar situaciones familiares y económicas complejas, como las de madres que deben sostener solas a sus hijos o mantener a familiares privados de libertad.
«La violencia cínica y perversa de las organizaciones criminales es justamente salir a buscar y captar en esos eslabones», sostuvo.
También mencionó a jóvenes que atraviesan situaciones de calle, carecen de empleo o tienen responsabilidades familiares. En esos contextos, las estructuras delictivas encuentran personas con mayores dificultades para resistir las ofertas de dinero o las presiones de quienes manejan el negocio.
Frente a ese escenario, defendió la necesidad de combinar la persecución penal con políticas sociales, educativas, culturales y deportivas que permitan disputarles a las organizaciones criminales esos sectores de la población.
La entrevista también abordó la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en hechos de narcotráfico. Sobre ese punto, Galfrascoli fue categórico: consideró que un policía que delinque debe afrontar una mirada mucho más severa que la aplicada a cualquier otro ciudadano.
«Nadie está exento de ninguna organización, ningún grupo humano, ningún grupo social», expresó. Y agregó que quienes utilizan un uniforme policial para encubrir actividades delictivas deben soportar estándares de investigación más exigentes y una respuesta penal más firme.
Para el funcionario, esa postura no se limita a los integrantes de la policía. También alcanza a fiscales, funcionarios judiciales y agentes públicos que tienen responsabilidades en materia de seguridad y persecución del delito.
Finalmente, defendió la reciente ley de seguridad pública y sostuvo que las nuevas herramientas permitirán agilizar investigaciones, acortar tiempos y mejorar la coordinación entre fiscales y equipos policiales.
Galfrascoli rechazó las advertencias de quienes anticipaban que las reformas podían generar una multiplicación de nulidades judiciales y facilitar la liberación de delincuentes. Aseguró que las herramientas serán utilizadas con profesionalismo y respeto por la Constitución.
«Vamos a tener más herramientas y seguramente vamos a poder dar más resultados», concluyó.