El proyecto de seguridad enviado por el Ejecutivo provincial en mayo no logró votarse y dejó al descubierto tensiones internas en Unidos. El radicalismo y el socialismo mantienen posturas encontradas sobre el rol del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.
El miércoles, el gobierno provincial reclamó las herramientas que considera necesarias para enfrentar el delito, aun a riesgo de que el acuerdo no se alcanzara y la ley no se votara, como finalmente sucedió.
Radicales y socialistas, con visiones encontradas
Las diferencias entre radicales y socialistas en torno al paquete de seguridad abarcan aspectos ideológicos y el rol institucional de cada partido, además de una posible disputa de poder con miras a 2027.
“Lo más probable es que sea una cuestión ideológica. Si quieren marcarle la cancha al gobernador en seguridad, se equivocan. Están yendo en contra de la gente que no quiere volver atrás. La discusión de poder no es hacia dentro, es hacia fuera con las organizaciones criminales”, planteó un integrante del círculo cercano al gobernador Pullaro.
En el radicalismo sostienen que tuvieron demasiada paciencia. El gobierno envió el proyecto en mayo y el tratamiento recién comenzó en octubre.
Para la Casa Gris, la invitación a abogados penalistas fue un punto de quiebre. “Las organizaciones criminales son el enemigo y los introdujeron al debate”, se quejan en el gobierno. Advierten que con esa convocatoria el oficialismo se muestra dividido y el gobierno proyecta una imagen de debilidad.
“El mensaje que se da a las organizaciones criminales es que si no estuviera Pullaro muchas políticas que sirvieron para bajar el delito se terminarían”, sostienen en el gobierno.
La versión del socialismo es distinta. En el PS leen que un sector del gobierno pretende que el Ministerio de Seguridad asuma tareas de persecución penal que corresponden a los fiscales. Sus reparos abarcan las declaraciones en sede policial y los interrogatorios policiales sin abogado, además de los sistemas de recompensas e inteligencia. Desde esa perspectiva, el proyecto crearía una especie de mini Ministerio Público de la Acusación dentro del Ejecutivo.
“Ese debate ya se saldó en la Constituyente. El único encargado de perseguir el delito es el MPA”, resaltan en el socialismo.
En el PS también rechazan la idea de que sean los únicos que objetan el proyecto. “Que vean cuál fue la posición de la Corte Suprema, el MPA y el Ministerio Público de la Defensa. No hay ninguna voz relevante que lo defienda”, sostienen.
Además del contenido, cuestionan la forma en que se encaró el debate. Consideran que la ley integra una estrategia del gobierno para reposicionarse en seguridad y que el radicalismo busca disciplinarlos.
Las fricciones entre ambos partidos han sido una constante en Unidos. La UCR reclama margen para ejecutar su política de seguridad. El PS reivindica su papel de revisión interna y pregunta qué pasaría con esas facultades bajo un gobierno de otro signo, como en el caso de los dispositivos de inteligencia.
En esa discusión, el radicalismo defiende la capacidad de decisión de Pullaro y el socialismo afirma su autonomía dentro de la coalición. Cada uno protege un lugar que considera necesario para gobernar juntos.
Hasta ahora, esas tensiones no impidieron construir acuerdos en reformas anteriores como las de la Justicia, la Caja de Jubilaciones y la Constitución. En cada una de esas batallas, radicales y socialistas discutieron y al final encontraron una síntesis.
En Unidos creen que lo mismo sucederá esta vez. “La ley tiene aspectos mejorables y votables. Vamos a llegar al jueves”, confían en el PS.
La novedad es que ahora las diferencias quedaron expuestas públicamente. El PJ aprovechó la oportunidad para resaltar las contradicciones en Unidos.
El debate también está atravesado por otros dos factores: la cercanía de las definiciones electorales, con presentación de listas en febrero, y la postura frente al gobierno de Javier Milei.
El Rigi en Rosario: negocios y gestos políticos
La ronda de negocios Rigi en Rosario mostró un punto de convergencia entre el gobierno nacional y el de Santa Fe. También reunió a sectores que atraviesan situaciones muy distintas: la energía y la minería impulsan inversiones, mientras la industria, la construcción y el comercio arrastran dificultades. La ronda buscó conectar esa expansión con empresas que todavía esperan una recuperación de sus ventas. La apuesta del gobierno de Santa Fe es tender un puente entre ambos mundos.
En lo político, el evento le sirvió a Pullaro para reforzar la idea de un cambio de etapa en Rosario, mostrarse como un referente nacional capaz de convocar tanto a la primera plana del mileísmo como a ocho gobernadores, y presentar un modelo alternativo, con coincidencias y diferencias del programa libertario.
Un dato fue la presencia de Karina Milei. El Jefe se mueve con el protocolo de una presidenta, mientras su hermano concentra su agenda en la macroeconomía, la batalla cultural y las relaciones con sus aliados internacionales: Donald Trump, Benjamin Netanyahu y el clan Bolsonaro.
La promesa de un “win-win” para las pymes y los gobernadores contiene un doble reconocimiento: el derrame no llega a la base de la economía y la Casa Rosada necesita a los jefes territoriales, garantes y beneficiarios de la estabilidad macro.
La relación entre la Nación y la provincia está en un buen momento. El vínculo mejoró con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Él y Pullaro se conocen de Cambiemos. “No en todos, pero en algunos temas pudo cumplir”, dicen en Santa Fe.
Santilli también es el encargado de tejer acuerdos políticos. Cada provincia es un mundo. En Santa Fe, ese entendimiento podría ser algún tipo de pacto de no agresión. No una alianza sino una competencia light. “Hay altas posibilidades de que ocurra eso. Donde ellos son la segunda opción del no peronismo, no quieren quedar como los que favorecieron el triunfo del PJ”, razonan cerca de Pullaro.
Ese esquema podría extenderse a Rosario. Una coincidencia alimenta la hipótesis: el mismo día de la ronda de negocios Rigi, Unidos y La Libertad Avanza votaron en el Concejo Municipal la legalización de Uber y DiDi.
El 2027 podría abrir otra diferencia entre la UCR y el PS. Con Pullaro como uno de sus principales promotores, los gobernadores jugaron fuerte en el armado de Provincias Unidas. Un año después, el espacio de la tercera vía aparece desdibujado. Hoy, buena parte de ese sector parece menos dispuesta a impulsar una alternativa presidencial propia y más atenta a su electorado antikirchnerista.
En el socialismo miran el modelo Lula: una alianza XXL que incluya a todos los que se oponen a Milei. El problema, reconocen en el PS, es que en la Argentina actual no aparece una figura con el liderazgo del brasileño para reunir y conducir una coalición de ese tamaño.