La Cámara alta sesionará este jueves desde las 14 después de cinco semanas sin actividad, con un temario que incluye el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la creación de un mercado de carbono y la reforma a la Ley de Salud Mental. La sesión comenzará con la jura de Claudia Cecilia López en la banca que dejó vacante el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto.
El Senado de la Nación vuelve este jueves al recinto después de cinco semanas sin sesiones, con una agenda construida sobre acuerdos con bloques aliados, aunque todavía persisten diferencias.
La sesión ordinaria fue acordada por los presidentes de bloque durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel y comenzará a las 14. El temario tendrá como primeros asuntos el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y la creación de un mercado de carbono. Para el final quedará la reforma a la Ley de Salud Mental donde el oficialismo, de la mano de Patricia Bullrich, todavía negocia los votos necesarios para garantizar su aprobación.
La sesión comenzará con la jura de Claudia Cecilia López, quien asumirá la banca riojana que dejó vacante el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. También están previstos homenajes al legislador, al dirigente de APL Norberto Di Próspero y al expresidente Néstor Kirchner, a 16 años de su muerte.
En paralelo, estaba previsto que la oposición intente que el recinto vote un pedido de comparecencia de Diego Santilli, quien todavía no presentó su informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete. Ante este escenario, el gobierno dejó trascender que finalmente se presentará a fines de noviembre.
Incentivos para inversiones
El primer proyecto importante será el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, impulsado por el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, para otorgar beneficios tributarios a proyectos productivos desde los 12 millones de dólares.
La iniciativa contempla amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. Abarca inversiones en bienes muebles nuevos —excepto automóviles— y obras destinadas directamente a actividades productivas.
Vischi lo presentó como una herramienta para cubrir el espacio entre otros esquemas de promoción. “Es un bache entre el RIMI, aprobado en la Ley de Modernización Laboral, y el RIGI”, explicó el senador correntino. Su planteo apunta a incorporar proyectos que no alcanzan las dimensiones exigidas por los regímenes para grandes inversiones.
Créditos de carbono
Otro de los acuerdos alcanzados permitirá tratar la regulación del mercado voluntario de carbono, iniciativa promovida por las senadoras Flavia Royón, de Salta, y Sonia Rojas Decut, de Misiones, junto con Jorge Capitanich.
El texto propone establecer un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono”, generados por proyectos nacionales que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero.
La propuesta crea un registro nacional para certificar y fiscalizar esas reducciones, fija reglas sobre la propiedad de los créditos y contempla estabilidad fiscal por 15 años, junto con distintos incentivos tributarios.
El objetivo es ofrecer previsibilidad a inversiones ambientales vinculadas, entre otras actividades, con la producción agropecuaria, la forestación y las energías renovables.
Reforma a la Ley de Salud Mental
La reforma de la Ley 26.657 constituye el principal desafío político de la jornada. Aunque el oficialismo consiguió habilitar su tratamiento mediante los dictámenes de comisión, mantiene diferencias con sectores de la UCR y Provincias Unidas.
El proyecto modifica los procedimientos de internación involuntaria, contempla la intervención de equipos interdisciplinarios, habilita teleconsultas y mantiene la prohibición de prácticas manicomiales. También incorpora expresamente adicciones sin sustancias, como la ludopatía, y mecanismos de consentimiento anticipado para tratamientos.
Las negociaciones de las últimas horas se concentraron en dos puntos: el papel de psiquiatras y psicólogos en las decisiones clínicas y el financiamiento necesario para aplicar la norma.
En el primero, el oficialismo aceptó revisar la redacción para garantizar la participación profesional correspondiente, eliminando una referencia a la intervención “preferentemente” psicológica. En el segundo, se discute dejar más explícitas las responsabilidades presupuestarias y la posibilidad de celebrar convenios entre Nación y las provincias.