La diputada provincial Alejandra Rodenas presentó una iniciativa junto a legisladoras del Partido Justicialista para declarar la emergencia en violencias de género. El proyecto se suma a otro de la diputada Claudia Balagué y a una media sanción del Senado que propone un modelo de gestión del riesgo. Los fundamentos citan más de 40 femicidios y alrededor de 70 intentos en lo que va del año en la provincia.
La diputada provincial Alejandra Rodenas, presidenta de la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de Santa Fe, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia provincial en violencias de género. La iniciativa fue elaborada junto a las legisladoras del Interbloque del Partido Justicialista Lucila De Ponti, Celia Arena y Sonia Martorano.
El texto propone, además, establecer partidas presupuestarias específicas para atender la problemática. Según los fundamentos de la iniciativa, la medida busca hacer frente al «desfinanciamiento de los dispositivos nacionales» que, afirman, el gobierno de Javier Milei ha «pulverizado».
En la misma línea, la diputada Claudia Balagué presentó otro proyecto de ley con el mismo objetivo. Ambas iniciativas se encuentran en análisis con el fin de alcanzar una síntesis común, según indicaron.
El oficialismo, por su parte, ingresó por el Senado un proyecto que acaba de obtener media sanción y que propone un modelo de gestión del riesgo. La diputada Rodenas sostuvo que esa iniciativa ofrece «herramientas valiosas», pero señaló que «lo que todavía falta es reconocer que estamos en una situación de emergencia». En la sesión, el senador Pirola afirmó: «¿Por qué es urgente? Porque hay una emergencia. Porque el problema se repite y crece».
Los fundamentos del proyecto citan datos de organizaciones feministas según los cuales Santa Fe registra más de 40 femicidios y alrededor de 70 intentos en lo que va del año, y se ubica entre las provincias con la tasa más alta del país. A nivel nacional, indican que una mujer muere por violencia de género cada 33 horas.
El texto menciona el caso de Talia Liliana Baduna, de 29 años y embarazada, quien murió el miércoles 21 de octubre en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras diez días de internación. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, Baduna fue atacada en su casa por el hombre con el que convivía. La causa, inicialmente caratulada como tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo en un contexto de violencia de género, ahora se investiga como femicidio. Su bebé nació por cesárea de urgencia y continúa internado.
Rodenas también hizo referencia a las audiencias realizadas en la Comisión de Género, donde participaron organizaciones feministas, sociales, territoriales y sindicales. Según los testimonios recogidos, en localidades del interior provincial faltan recursos y las comisarías presentan deficiencias edilicias básicas. Las organizaciones señalaron que los comedores, las organizaciones sociales y las asesorías barriales son los espacios que reciben la primera escucha y acompañan el primer paso de las víctimas.
La diputada argumentó que las leyes y protocolos existentes se activan cuando la violencia ya fue denunciada, y que hay casos que no llegan a la denuncia o lo hacen demasiado tarde. En ese sentido, sostuvo que la declaración de emergencia permite «llegar antes» y exige una respuesta extraordinaria. Asimismo, remarcó que la declaración debe contar con partidas presupuestarias específicas, plazos claros y voluntad política: «Sin presupuesto, es un comunicado. Sin plazos, es una promesa. Sin voluntad política, es un gesto que se archiva».
El proyecto también menciona la necesidad de abordar de manera simultánea lo urgente y lo estructural. En ese marco, se refiere a propuestas como la autonomía económica y el acceso a la vivienda para salir de la violencia, la articulación con el Poder Judicial para el cumplimiento de las medidas de protección y la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos laborales, en línea con el Convenio 190 de la OIT.
Rodenas invitó a los legisladores de todos los bloques a construir un consenso. «Cada femicidio no puede ser una pregunta que la provincia no responde», afirmó.