El Poder Ejecutivo provincial presentó una iniciativa de 89 artículos que establece la obligación de los jueces de actuar de manera urgente ante denuncias por violencia de género, crea un registro digital único y un fondo de asistencia inmediata.
La Cámara de Senadores de Santa Fe recibió un mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial que busca un «cambio de modelo» en la respuesta de la administración y del Poder Judicial frente a la violencia de género. La iniciativa, que contiene 89 artículos, obtuvo preferencia para la próxima sesión y tiene carácter integral.
El texto, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, propone modificar el actual sistema que los fundamentos describen como «predominantemente reactivo» hacia uno «integral y dinámico de gestión del riesgo».
Entre los puntos principales, el artículo 26 crea la «Actuación Urgente» como obligación para los magistrados. Establece que «para cuando resulte necesaria la adopción inmediata de medidas de protección» será «competente para disponerlas cualquier juez que tome conocimiento del caso aun cuando resulte incompetente para continuar interviniendo». La intervención prevista «tiene carácter excepcional y no importa la prórroga de la competencia». Una vez adoptadas las medidas, el juez debe remitir sin demora las actuaciones al órgano judicial competente, manteniéndose aquellas vigentes hasta su ratificación, modificación, sustitución o cese.
El proyecto también crea un Registro digital único en el ámbito del Poder Ejecutivo, interoperable, para evitar la fragmentación de la atención estatal. Según explicó la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Andrea Travaini, en una entrevista con El Litoral, el registro permitirá que el organismo que reciba a una persona víctima «pueda ingresar y ver qué actuaciones hay sobre ella o sobre el agresor». Travaini también indicó que «se excluye expresamente la mediación y la conciliación» como formas de resolver los casos.
La iniciativa incorpora el principio de mínima carga procesal, de modo que la intervención estatal no reproduzca sobre la persona protegida cargas, reiteraciones o exigencias innecesarias. Asimismo, señala que «la ausencia de patrocinio letrado no impide el acceso al sistema ni la adopción de medidas urgentes; la incompetencia territorial o material tampoco obsta a que cualquier juez que tome conocimiento de una situación urgente adopte las medidas indispensables para neutralizar el riesgo».
El proyecto crea un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a solventar necesidades inmediatas vinculadas con la seguridad, como traslados, alojamiento transitorio, medidas de seguridad domiciliaria o comunicaciones. Los considerandos y el artículo 82 expresan que «el control del cumplimiento de las decisiones judiciales se mantiene como una responsabilidad estatal y no se traslada a quien requiere protección» y que «cada organismo provincial conserva la responsabilidad primaria sobre las materias correspondientes a sus competencias».
El mensaje fue presentado el mes pasado por el ministro Cococcioni y la secretaria Travaini. En los fundamentos se explica que se busca apoyar la norma en los principios de «tutela judicial efectiva, prevención, actuación oportuna, debida diligencia reforzada, proporcionalidad, no revictimización, mínima afectación de la persona protegida y especial protección de niñas, niños y adolescentes». El texto no incluye la palabra «derógase» y, en cambio, agrega «más herramientas».
«El proyecto procura, en definitiva, consolidar una política pública que permita anticipar el riesgo en lugar de limitarse a reaccionar frente al daño consumado, integrar las capacidades estatales actualmente distribuidas, individualizar las respuestas, controlar efectivamente las medidas dispuestas y adaptar su intensidad a la evolución concreta de cada situación», concluye el mensaje.