La Justicia federal ejecutó un operativo en la vivienda de Mariano Soria, en el marco de una causa penal abierta tras una jornada en el sindicato ATE Rosario. Organizaciones sindicales y de derechos humanos reclaman el archivo de la causa.
La Justicia federal realizó un allanamiento en el domicilio de Mariano Soria, militante de la Asamblea por Palestina de Rosario. El procedimiento se enmarca en una causa penal iniciada a partir de una jornada pública realizada meses atrás en la sede del sindicato ATE Rosario, donde se expuso sobre la situación de los prisioneros palestinos y el conflicto en la Franja de Gaza.
Según informaron desde la Asamblea por Palestina, durante el allanamiento los efectivos fotografiaron publicaciones gráficas y revistas sobre el conflicto en Medio Oriente, y secuestraron pertenencias personales de Soria, entre ellas su teléfono celular y su motocicleta. Soria no quedó detenido, pero enfrenta acusaciones penales que incluyen los delitos de «terrorismo», «incitación a la discriminación» y «antisemitismo», según indicaron organismos de derechos humanos y gremiales.
En aquella jornada en ATE Rosario, la irrupción de fuerzas policiales provinciales obligó a interrumpir la actividad. Soria adquirió notoriedad mediática por sus declaraciones públicas en repudio a la presencia de uniformados santafesinos.
Las organizaciones denunciantes sostienen que la medida judicial no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el gobierno nacional solicitó informes a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tras la proyección del documental «La Gran Palestina» en la Facultad de Humanidades y Artes. Funcionarios de la Casa Rosada y el presidente Javier Milei calificaron esa proyección como «propaganda terrorista». El rectorado de la UNR anunció un sumario e investigación interna, decisión cuestionada por el gremio docente Coad, que advirtió que no tolerará una «policía del pensamiento» ni el disciplinamiento de la comunidad universitaria.
«El uso de carátulas tan graves como ‘terrorismo’ para perseguir a quienes participan de charlas públicas o difunden material de denuncia sobre la situación en Gaza busca generar un efecto paralizante sobre la militancia y las instituciones», expresaron referentes del espacio. Asimismo, señalaron que el secuestro de herramientas de trabajo y transporte personal funciona como un «castigo anticipado» sin condena ni justificación probatoria.
Frente al procedimiento contra Soria, distintas organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de Rosario comenzaron a articular una respuesta unificada. Entre los reclamos exigen la restitución inmediata de los elementos secuestrados, el cese del hostigamiento judicial y el archivo definitivo de las actuaciones penales.
«Levantar la voz y denunciar las violaciones a los Derechos Humanos en Gaza no es un delito. Exigimos que se garantice el derecho a la libre expresión y que cese la persecución contra militantes, docentes y estudiantes en nuestra ciudad», concluyeron.